Impulsan cambios en el IPV con foco en adjudicaciones y seguridad jurídica

El Gobierno de San Juan prepara una de las modificaciones más relevantes de los últimos años en materia habitacional. El proyecto de reforma del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV), que será remitido en los próximos días a la Cámara de Diputados, incorpora nuevos criterios para acceder a viviendas sociales y créditos habitacionales, entre ellos la exigencia de no registrar antecedentes penales.

La iniciativa forma parte de una revisión más amplia del sistema de adjudicación y administración habitacional. Según adelantaron desde el Ejecutivo, el objetivo es actualizar una normativa que quedó rezagada frente a las nuevas demandas sociales y fortalecer los mecanismos de selección de beneficiarios.

Uno de los aspectos centrales del proyecto apunta a incorporar parámetros vinculados a la conducta de los postulantes. La evaluación pondrá especial atención en antecedentes relacionados con delitos contra la integridad sexual y hechos de violencia de género. Desde la administración provincial sostienen que la medida busca responder a reclamos vecinales y reforzar condiciones de convivencia dentro de los complejos habitacionales.

Sin embargo, el alcance de la reforma trasciende la discusión sobre los requisitos de acceso. El Gobierno pretende aprovechar la modificación legislativa para atacar uno de los problemas estructurales más persistentes del sistema habitacional sanjuanino: la falta de escrituración de miles de viviendas adjudicadas durante las últimas décadas.

Al asumir la actual gestión, el stock de inmuebles sin título de propiedad rondaba las 12.000 unidades. Si bien en los últimos meses se avanzó en más de 2.000 regularizaciones, todavía permanecen pendientes cerca de 10.000 casos. La situación afecta tanto a barrios construidos por el IPV como a emprendimientos desarrollados por cooperativas, sindicatos, fundaciones y otras entidades que, con el paso del tiempo, dejaron inconclusos los trámites administrativos necesarios para completar la transferencia de dominio.

El problema también alcanza a urbanizaciones impulsadas por municipios y organizaciones creadas bajo marcos regulatorios muy distintos a los actuales, con deficiencias documentales que hoy dificultan la registración formal de los inmuebles y la obtención de escrituras.

En este sentido, la reforma busca combinar dos objetivos políticos y administrativos: endurecer los criterios de acceso a los beneficios habitacionales y avanzar en la regularización de un universo significativo de familias que, pese a ocupar sus viviendas desde hace años, todavía no cuentan con plena seguridad jurídica sobre la propiedad.