La OIT desafía el modelo libertario y amplía derechos para trabajadores de plataformas

El organismo laboral de Naciones Unidas aprobó una norma que reconoce garantías para repartidores y conductores de aplicaciones. La decisión choca con aspectos centrales de la reforma impulsada por el Gobierno argentino.

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) aprobó una definición de gran impacto para el futuro del empleo digital y abrió un nuevo capítulo en el debate sobre la regulación de las plataformas. Con una amplia mayoría, el organismo reconoció derechos laborales para repartidores y conductores que prestan servicios mediante aplicaciones, fijando un criterio que contrasta con la orientación adoptada por la reforma laboral argentina.

La iniciativa obtuvo 406 votos favorables, frente a apenas ocho rechazos y 36 abstenciones, una señal del consenso alcanzado entre gobiernos, empleadores y representantes sindicales.
El texto reafirma garantías fundamentales como la libertad sindical, la negociación colectiva, la protección frente a accidentes laborales y el acceso a cobertura social. También incorpora resguardos ante prácticas discriminatorias, violencia laboral y mecanismos de control automatizado que inciden sobre las condiciones de trabajo.

Uno de los aspectos más novedosos obliga a las empresas a transparentar el funcionamiento de los algoritmos que asignan tareas, evalúan desempeños o determinan sanciones. Además, establece que las decisiones con impacto sobre los trabajadores deberán poder ser revisadas por intervención humana.

La resolución adquiere especial relevancia para la Argentina. Mientras la legislación promovida por el Gobierno nacional avanzó hacia esquemas más flexibles para este universo laboral, la principal institución internacional en la materia ratificó la necesidad de extender garantías a quienes generan ingresos a través de plataformas digitales.

Aunque la decisión no modifica automáticamente las leyes nacionales, sí establece una referencia jurídica y política de alcance global. El mensaje surgido de Ginebra resulta claro: la innovación tecnológica puede transformar la organización del trabajo, pero no debería reducir los derechos de quienes lo realizan.