Procesan al titular de la obra social de los químicos y le traban un embargo millonario

La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional confirmó el procesamiento de Ricardo Gallardo, presidente de la OSPIQYP, al considerar acreditada la falsificación de la firma de una integrante de la Comisión Revisora de Cuentas. La resolución judicial se suma a un escenario de profunda crisis institucional en una entidad que actualmente atraviesa un proceso concursal.

La situación judicial de la Obra Social del Personal de la Industria Química y Petroquímica (OSPIQYP) sumó un nuevo capítulo de alta complejidad. La Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional resolvió procesar sin prisión preventiva a Ricardo Gallardo, presidente de la entidad, en el marco de una causa vinculada con la presunta falsificación de documentación societaria.

La resolución, firmada el 28 de mayo, ratificó la existencia de elementos suficientes para atribuirle responsabilidad en la adulteración de la firma de Mónica Andrea Rodríguez, integrante de la Comisión Revisora de Cuentas de la obra social, quien había denunciado la maniobra ante la Justicia a fines de 2024.

De acuerdo con el expediente, la firma cuestionada figuraba en un acta de asamblea realizada el 4 de junio de ese año. La investigación incorporó pericias caligráficas que concluyeron que tanto la rúbrica como las anotaciones atribuidas a Rodríguez no fueron realizadas por ella. A ello se agregó otro elemento considerado relevante por los magistrados: la ausencia del acta original dentro de la documentación requerida durante el proceso.

Como medida cautelar, el tribunal dispuso además un embargo sobre los bienes de Gallardo hasta cubrir la suma de 150 millones de pesos, mientras avanza la causa penal.

El expediente también expuso una serie de observaciones vinculadas con el funcionamiento administrativo de la institución. Informes incorporados al proceso concursal señalaron la inexistencia de libros de actas actualizados, varios ejercicios sin balances ni memorias aprobadas, deficiencias en los mecanismos de auditoría e incumplimientos en distintas obligaciones económicas.

La decisión judicial se produce mientras la OSPIQYP continúa atravesando un concurso preventivo, un proceso independiente de la investigación penal pero que refleja el delicado panorama institucional que enfrenta la entidad.

Desde el punto de vista penal, la imputación que pesa sobre Gallardo contempla penas que pueden oscilar entre uno y seis años de prisión, además de eventuales sanciones accesorias vinculadas con el ejercicio de funciones de administración.

Aunque el procesamiento no implica una condena definitiva, la resolución representa un avance significativo en una causa que pone bajo la lupa la transparencia en la gestión de una de las obras sociales del sector sindical argentino. El expediente continuará ahora su recorrido judicial mientras se determina la eventual responsabilidad penal del dirigente y las consecuencias institucionales derivadas de los hechos investigados.