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Junio llega con nuevos aumentos en luz y gas y más presión sobre los hogares

El Gobierno nacional oficializó incrementos en las tarifas eléctricas y de gas que comenzarán a regir desde el 1° de junio. Las actualizaciones alcanzan a usuarios residenciales, comercios y entidades de bien público, mientras continúan los subsidios focalizados con recortes graduales en las bonificaciones. El impacto será más visible en los sectores de menor consumo debido al fuerte incremento de los cargos fijos.
Las actualizaciones fueron publicadas en el Boletín Oficial mediante distintas resoluciones del Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad (Enrge), el organismo surgido tras la unificación de los entes reguladores energéticos. Las medidas impactarán sobre los cuadros tarifarios de las distribuidoras Edenor, Edesur y Metrogas, además de otras compañías del sector.
En electricidad, las resoluciones 25 y 26 fijaron nuevos valores para los usuarios residenciales. En el caso de Edesur, la tarifa variable para los hogares sin subsidios de la categoría R1 quedó establecida en $145,404 por kWh, mientras que Edenor aplicará un valor de $146,551 por kWh.
Para los usuarios alcanzados por el esquema de asistencia estatal, el precio dentro del bloque subsidiado continuará siendo menor. Edesur cobrará $70,513 por kWh y Edenor $71,518 por kWh para los consumos bonificados.
La administración nacional ratificó además la continuidad del régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que mantiene cobertura parcial para consumos mensuales de hasta 300 kWh en determinados períodos del año. Sin embargo, el beneficio continuará reduciéndose de manera progresiva durante 2026, en línea con la política de recorte gradual de subsidios impulsada por el Ejecutivo.
A esto se suma una bonificación extraordinaria adicional del 11,97% para los usuarios subsidiados, aunque el porcentaje resulta inferior al aplicado en meses anteriores, consolidando el proceso de disminución paulatina de la asistencia estatal.
Desde la Secretaría de Energía aclararon que cualquier consumo que exceda los límites establecidos será facturado a tarifa plena, sin compensaciones. Las facturas seguirán exhibiendo el aporte estatal bajo la leyenda “Subsidio Estado Nacional”, mecanismo con el que el Gobierno busca transparentar el costo real de la energía.
Uno de los puntos que más preocupación genera entre especialistas y asociaciones de consumidores es el comportamiento de los cargos fijos. Mientras la variación en los componentes variables resulta relativamente moderada, los costos fijos registran incrementos considerablemente más elevados, afectando especialmente a los usuarios de menor consumo.
En Edesur, por ejemplo, el cargo fijo para un usuario residencial R1 ascenderá a $1.629,50 mensuales, con una suba cercana al 4,65%. En Edenor, el mismo concepto trepará a $1.661,69, con un incremento del 4,73%.
La situación también se trasladará al servicio de gas natural. A través de la Resolución 39/2026, el Gobierno aprobó nuevos cuadros tarifarios para Metrogas que alcanzarán tanto a usuarios residenciales como a comercios, clubes de barrio, entidades de bien público y grandes consumidores.
Para los usuarios R1 de la Ciudad de Buenos Aires, el cargo fijo mensual pasará a $4.151,79, mientras que el valor variable quedará en $287,45 por metro cúbico consumido. En el conurbano bonaerense, el cargo fijo ascenderá a $4.794,67.
En este segmento también continuará vigente el esquema de subsidios focalizados. El Ejecutivo decidió prorrogar una bonificación adicional del 25% sobre el consumo alcanzado por asistencia estatal para los hogares de menores ingresos, definidos como aquellos cuyos ingresos mensuales no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales.
Desde el Gobierno sostienen que el promedio de aumento será del 2,81% para el gas y del 1,50% para la electricidad en el AMBA. Sin embargo, las variaciones finales dependerán del nivel de consumo, la región y la distribuidora correspondiente.
El nuevo ajuste llega en un momento particularmente delicado para el poder adquisitivo. Con salarios que continúan corriendo por detrás de numerosos costos esenciales y una desaceleración inflacionaria que aún no logra traducirse plenamente en alivio cotidiano, las tarifas vuelven a ocupar un lugar central en la estructura de gastos de los hogares argentinos.
La política energética oficial apunta a reducir progresivamente el peso de los subsidios sobre las cuentas públicas. No obstante, la aceleración de los costos fijos y la persistencia de aumentos mensuales generan gran inquietud entre usuarios residenciales, comerciantes y pequeñas entidades sociales, que advierten sobre las dificultades para sostener el pago regular de los servicios básicos.