La Justicia frenó el ajuste en el INTI y suspendió despidos

Una resolución judicial suspendió la aplicación de las medidas impulsadas sobre el Instituto Nacional de Tecnología Industrial y ordenó preservar puestos de trabajo, programas técnicos y capacidades estratégicas del organismo. El fallo representa un nuevo obstáculo para el esquema de reestructuración estatal promovido por el Gobierno nacional.

La ofensiva de ajuste sobre uno de los organismos técnicos más importantes del país encontró un límite judicial. El Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo N.º 2 de San Martín resolvió suspender la aplicación de la Resolución 42/2026 del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), cuestionada por habilitar despidos, reestructuraciones internas y una fuerte reducción de funciones estratégicas.

La decisión fue adoptada por el juez subrogante Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto, quien hizo lugar a una medida cautelar presentada por el secretario general de Asociación Trabajadores del Estado, Rodolfo Aguiar, en representación de los trabajadores del organismo.

El fallo ordena al INTI abstenerse de ejecutar cualquier medida derivada de la resolución impugnada, incluyendo cesantías, traslados de equipamiento, modificaciones operativas y alteraciones sobre servicios técnicos sistematizados. Además, dispone garantizar la continuidad laboral de todo el personal alcanzado por la medida, preservando categorías, salarios y condiciones de trabajo vigentes.

La resolución judicial también establece la obligación de mantener bajo control estatal los programas vinculados a asistencia técnica, certificaciones, ensayos industriales y transferencia tecnológica, áreas consideradas centrales para el entramado productivo nacional y para el desarrollo de pequeñas y medianas empresas.

Desde el gremio estatal venían advirtiendo que la normativa representaba mucho más que una reorganización administrativa. Según denunciaban, detrás de la resolución existía un proceso de desarticulación progresiva de capacidades científicas y tecnológicas construidas durante décadas, con impacto directo sobre sectores industriales, productivos y de innovación.

En los fundamentos de la cautelar, el magistrado sostuvo que existen elementos suficientes para considerar acreditada la “verosimilitud del derecho” invocado por los demandantes y alertó sobre la posibilidad de daños irreparables derivados de despidos o modificaciones unilaterales en las condiciones laborales.

Asimismo, recordó que el personal del organismo cuenta con garantías de estabilidad amparadas por la Constitución Nacional, la Ley de Empleo Público y diversos convenios internacionales suscriptos por el Estado argentino en el ámbito de la Organización Internacional del Trabajo.

La decisión judicial fue interpretada por los trabajadores como un freno concreto al proceso de reducción estatal impulsado por la administración de Javier Milei, particularmente sobre organismos científicos y técnicos.

Tras conocerse el fallo, Aguiar celebró la medida y sostuvo que “no se puede gobernar por fuera de la Constitución y de la ley”. El dirigente gremial calificó la resolución como “un avance significativo” en la disputa contra los despidos y el desmantelamiento de estructuras públicas estratégicas.

La cautelar tendrá vigencia durante los próximos seis meses, período en el cual deberá resolverse la cuestión de fondo vinculada a la legalidad de la resolución cuestionada. Mientras tanto, el fallo introduce un nuevo episodio que escala en constante presión entre el Gobierno nacional y los sectores estatales afectados por las políticas de ajuste, reducción presupuestaria y reestructuración de organismos públicos.

Más allá del conflicto sindical y judicial, la discusión vuelve a colocar en el centro el rol del INTI dentro del aparato productivo argentino. El organismo cumple funciones clave en certificación industrial, innovación tecnológica, control de calidad, asistencia a empresas y desarrollo científico aplicado, tareas que distintos sectores industriales consideran esenciales para sostener competitividad y capacidades técnicas nacionales.