Nación dio de baja los subsidios a empresas por boletos gratuitos de larga distancia

La administración nacional dejó sin efecto el esquema de compensaciones económicas destinado a las empresas de larga distancia por la emisión de pasajes gratuitos para personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con patologías oncológicas. Aunque el beneficio continuará vigente para los usuarios alcanzados por la normativa, el costo quedará íntegramente bajo responsabilidad de las compañías del sector.

En una nueva señal de profundización del proceso de desregulación del sistema de transporte, el Gobierno nacional resolvió eliminar el mecanismo mediante el cual el Estado compensaba económicamente a las empresas de ómnibus de larga distancia por los boletos gratuitos otorgados a sectores protegidos por ley.

La medida fue oficializada a través de la Resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada en el Boletín Oficial, y representa el cierre definitivo de un esquema implementado en 2018 para cubrir parcialmente el impacto financiero derivado de la entrega de pasajes sin cargo a personas con discapacidad, pacientes trasplantados, ciudadanos en lista de espera para trasplantes y menores con enfermedades oncológicas.

Desde la administración libertaria aclararon que el derecho de acceso gratuito al transporte continuará plenamente vigente y que las empresas seguirán obligadas a garantizar esos viajes. Sin embargo, el costo operativo ya no contará con respaldo presupuestario estatal, en línea con la política de reducción del gasto público impulsada por la gestión de Javier Milei.

La Secretaría de Transporte argumentó que el régimen de compensaciones había perdido razonabilidad tras las modificaciones introducidas por el Decreto 883/2024, normativa que avanzó sobre una fuerte flexibilización del transporte automotor interjurisdiccional. A partir de ese esquema, las compañías adquirieron mayores márgenes de autonomía para definir recorridos, frecuencias, modalidades de servicio y estructuras tarifarias.

En ese aspecto, el Ejecutivo consideró que las empresas ya cuentan con herramientas suficientes para absorber internamente el costo derivado de los pasajes gratuitos establecidos por ley.

“El derecho de los usuarios a viajar sin costo permanece plenamente vigente y exigible”, señalaron oficialmente desde el área de Transporte, intentando despejar cuestionamientos respecto de una eventual pérdida de derechos para los beneficiarios del sistema.

La disposición también ratificó el rol de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) como organismo encargado de supervisar el cumplimiento efectivo de la normativa y controlar que las compañías continúen entregando los boletos correspondientes.

Al mismo tiempo, el texto incorporó una cláusula transitoria destinada a garantizar la continuidad administrativa de trámites iniciados antes de la entrada en vigencia de la nueva disposición, evitando interrupciones en solicitudes ya gestionadas por los usuarios.

Aunque el Gobierno sostiene que la eliminación de estas compensaciones responde a criterios de eficiencia y equilibrio fiscal, desde distintos sectores advierten que el traslado total del costo hacia las empresas podría derivar en futuras tensiones operativas, reclamos judiciales o eventuales restricciones indirectas en la disponibilidad de pasajes gratuitos.

Con esta resolución, la administración nacional consolida otro paso dentro de un modelo económico orientado a reducir la participación financiera del Estado en actividades reguladas, trasladando progresivamente responsabilidades al sector privado bajo una lógica de mercado y autosustentabilidad empresarial.