El PJ salió en defensa de la UOM y denunció un avance “antidemocrático” contra el sindicalismo

La intervención judicial de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) profundizó el enfrentamiento político y sindical en torno al conflicto que atraviesa una de las organizaciones obreras más influyentes del país. Este sábado, el Partido Justicialista nacional repudió con dureza el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo que anuló las elecciones internas del gremio y desplazó de la conducción a Abel Furlán, al considerar que se trata de una decisión “arbitraria” que vulnera la autonomía sindical.

A través de un comunicado difundido por la conducción partidaria encabezada por Cristina Fernández de Kirchner, el PJ sostuvo que la resolución judicial constituye “una grave afectación a la democracia sindical” y la vinculó con un escenario más amplio de retroceso sobre los derechos laborales y las estructuras gremiales.

“Sin autonomía sindical, con persecución y proscripciones, no hay democracia”, expresó el documento partidario, que además interpretó el fallo como parte de un proceso político orientado a debilitar la capacidad de organización de los trabajadores en medio del ajuste económico impulsado por el gobierno de Javier Milei.

La conducción justicialista remarcó que la resolución contra la UOM se produce en simultáneo con un cuadro de deterioro industrial, caída del empleo registrado y pérdida del poder adquisitivo. En ese marco, cuestionó el rumbo económico nacional y sostuvo que el país atraviesa una etapa de “desindustrialización acelerada” que impacta de manera directa sobre la estructura productiva y el mercado laboral.

El comunicado también trazó una conexión política y simbólica con el reciente pronunciamiento de la Corte Internacional de Justicia, que ratificó que el derecho de huelga se encuentra protegido por el Convenio 87 de la Organización Internacional del Trabajo sobre libertad sindical. Para el PJ, mientras los organismos internacionales fortalecen garantías laborales históricas, en Argentina “se avanza en sentido inverso mediante restricciones, judicialización y presión sobre las organizaciones sindicales”.

La declaración partidaria elevó además el tono político del conflicto al advertir sobre un supuesto deterioro institucional. Según planteó el texto, la ofensiva contra dirigentes gremiales y políticos “no constituye hechos aislados”, sino que forma parte de una dinámica que, a juicio del espacio opositor, pone en tensión el funcionamiento democrático.

El pronunciamiento llegó horas después de que la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, integrada por los jueces Víctor Arturo Pesino y María Dora González, resolviera declarar la nulidad de los comicios realizados en la seccional Campana de la UOM y extendiera esa invalidez a la elección nacional que había ratificado a Furlán al frente del gremio metalúrgico.

En la sentencia, el tribunal consideró que existieron irregularidades severas durante el desarrollo electoral, especialmente en relación con la custodia de urnas, la extensión de la votación durante tres jornadas consecutivas y la ausencia de mecanismos de fiscalización considerados adecuados para garantizar transparencia y control del proceso.

Los magistrados sostuvieron que las condiciones bajo las cuales se desarrollaron los comicios comprometieron principios elementales de confiabilidad electoral y afectaron garantías vinculadas a la democracia interna sindical.

La causa había sido impulsada por la Lista Naranja de la seccional Campana, encabezada por Ángel Derosso, que denunció irregularidades en el procedimiento y cuestionó el esquema de custodia de urnas implementado por la Junta Electoral.

Como consecuencia del fallo, toda la conducción nacional de la UOM quedó desplazada y el sindicato pasó a estar intervenido judicialmente por 180 días. El tribunal designó al abogado Alberto Biglieri al frente de la organización, con la misión de reorganizar la estructura gremial y convocar a nuevas elecciones.

La resolución abrió un escenario de alta tensión dentro del movimiento obrero, donde distintos sectores sindicales comenzaron a expresar preocupación por el alcance institucional del fallo y por el precedente que podría generar sobre la autonomía de las organizaciones gremiales en medio de un contexto político y económico cada vez más confrontativo.