Una familia tipo necesitó más de $2,4 millones en abril, según trabajadores del INDEC

Mientras el Gobierno nacional sostiene que la desaceleración inflacionaria comenzó a estabilizar la economía, un relevamiento elaborado por trabajadores del INDEC expuso otra cara de la realidad social: en abril de 2026, una familia tipo necesitó ingresos superiores a los 2,4 millones de pesos para cubrir consumos esenciales y sostener condiciones mínimas de bienestar.

El cálculo surge del estudio periódico que realiza la junta interna de ATE en el organismo estadístico, una medición que busca establecer cuál debería ser el Salario Mínimo, Vital y Móvil necesario para garantizar vivienda, alimentación, transporte, salud, educación, esparcimiento y acceso a bienes básicos para un hogar compuesto por dos adultos y dos hijos en edad escolar.

Según el documento, el ingreso requerido alcanzó exactamente los $2.400.186, en un escenario donde los salarios continúan corriendo muy por detrás de los costos cotidianos pese a la desaceleración de los índices inflacionarios.

La radiografía elaborada por los trabajadores del instituto pone el foco en un fenómeno que atraviesa amplios sectores asalariados: la pérdida persistente de capacidad de compra aun en un contexto de menor ritmo de aumento de precios. El documento sostiene que la desaceleración inflacionaria “no se traduce en alivio” para los hogares y advierte que el deterioro acumulado de los ingresos profundiza el endeudamiento y la fragilidad económica de miles de familias.

El documento también expone la situación salarial dentro de la propia administración pública nacional. De acuerdo con la medición de ATE-INDEC, un trabajador estatal encuadrado en la categoría testigo Nivel D Grado 0 del convenio SINEP percibe actualmente alrededor de $713.023 mensuales, una cifra que, según remarcan, quedó muy lejos de la evolución real del costo de vida.

Los trabajadores aseguran que, si esos haberes hubiesen acompañado la inflación acumulada desde diciembre de 2015, deberían ubicarse hoy por encima de $1,6 millones. En ese período —afirman— la pérdida de poder adquisitivo alcanzó niveles históricos y se profundizó con fuerza desde el inicio de la gestión de Javier Milei.

La publicación cuestiona además la narrativa oficial sobre la recuperación económica y plantea que los indicadores macroeconómicos todavía no logran reflejarse en el bolsillo de gran parte de la población asalariada. El informe menciona especialmente el incremento sostenido de alimentos, alquileres, tarifas de servicios, transporte y gastos vinculados a salud y educación, variables que continúan presionando sobre los ingresos familiares.

En ese sentido, el estudio advierte sobre una caída del consumo que ya comienza a impactar en distintos sectores comerciales y productivos, alimentando un círculo de retracción económica que combina salarios deprimidos, menor capacidad de compra y aumento en la precarización.

“El problema no es solamente cuánto suben los precios, sino cuánto se redujo la capacidad real de los ingresos para sostener una vida digna”, señalaron desde la organización gremial al presentar el relevamiento.

El informe vuelve a colocar en el centro del debate la discusión sobre salarios, paritarias y condiciones de vida en un país donde la desaceleración de la inflación todavía convive con fuertes dificultades para recomponer el tejido social y el poder adquisitivo de los trabajadores.