Minería en San Juan: nueva ley para blindar el empleo y las compras locales

El borrador de la nueva Ley de Desarrollo Minero fija metas de incorporación laboral y adquisiciones dentro del territorio sanjuanino. También contempla incentivos fiscales, programas de capacitación y la creación de un registro específico para empresas vinculadas a la cadena minera.

La expansión de la minería metalífera volvió a instalar un debate de fondo sobre el modelo de crecimiento que busca consolidar la provincia en los próximos años. En ese marco, comenzó a discutirse un proyecto legislativo que pretende redefinir la relación entre las grandes operadoras y el entramado económico regional, con el objetivo de que la riqueza generada por los recursos naturales tenga una incidencia más visible sobre el empleo, la producción y la actividad empresaria.

El borrador de la denominada Ley de Desarrollo Minero —todavía abierto a modificaciones— propone una serie de obligaciones e incentivos destinados a incrementar la participación de trabajadores y firmas radicadas en San Juan dentro de la cadena de valor extractiva.

Uno de los capítulos centrales está vinculado con la contratación de mano de obra local. La iniciativa establece que las compañías deberán presentar planes específicos de incorporación laboral y avanzar progresivamente hasta alcanzar un piso cercano al 80% de personal con residencia efectiva en la provincia, incluyendo empleados propios y trabajadores tercerizados.

La propuesta incorpora además herramientas de formación técnica y reconversión laboral. Las compañías deberán elaborar diagnósticos periódicos sobre perfiles demandados y desarrollar programas de capacitación orientados a cubrir vacancias estratégicas para la industria. La intención oficial es que el crecimiento de la actividad deje capacidades instaladas más allá de la vida útil de cada yacimiento.

El otro gran eje del proyecto apunta al fortalecimiento del tejido empresario vinculado a la minería. El texto fija como meta que hasta un 60% de las compras de bienes y servicios sean realizadas a compañías con presencia operativa en la jurisdicción, siempre que existan condiciones competitivas de precio, disponibilidad y calidad.

Para estructurar ese esquema, el borrador crea el Registro de Proveedores Mineros (RE.PRO.MIN), una base oficial destinada a identificar a las firmas habilitadas para participar dentro del sistema de preferencia productiva impulsado por el Estado.

El régimen establece criterios estrictos de admisión. Las empresas deberán acreditar actividad real dentro del territorio, domicilio legal y fiscal en la provincia y una composición societaria mayoritariamente vinculada a residentes radicados en el distrito.

La normativa también segmenta a las firmas inscriptas en distintas categorías: industriales, comerciales, prestadoras de servicios y constructoras. A su vez, incorpora un orden de prioridad que favorece primero a las empresas ubicadas en las áreas de influencia directa de los proyectos extractivos, luego a las zonas cercanas y posteriormente al resto del entramado empresario radicado en la provincia.

El esquema contempla además beneficios fiscales y herramientas de promoción económica para aquellas compañías mineras que acrediten simultáneamente altos niveles de contratación regional y compras dentro del mercado interno provincial. Entre los incentivos aparecen certificados de crédito fiscal, acceso preferencial a financiamiento y asistencia técnica.

La iniciativa suma, además, compromisos vinculados con infraestructura comunitaria, sostenibilidad ambiental y programas sociales. Las operadoras deberán presentar proyectos de inversión social orientados a educación, deporte, cultura y fortalecimiento institucional de las comunidades cercanas a los emprendimientos.

La autoridad de aplicación quedará bajo la órbita del Ministerio de Minería de San Juan, acompañado por un consejo consultivo integrado por representantes estatales, cámaras empresarias y referentes de las zonas de influencia minera.

El texto también prevé un régimen sancionatorio para los incumplimientos. Las penalidades incluyen apercibimientos, multas económicas y hasta la suspensión dentro del registro oficial para quienes no cumplan las metas comprometidas o presenten documentación irregular.

Dentro del sector reconocen que uno de los puntos más sensibles de la discusión gira alrededor de los criterios que determinarán qué compañías podrán ser consideradas efectivamente arraigadas en la provincia y cuáles quedarán fuera del esquema de beneficios.

Más allá de los aspectos técnicos, el proyecto expone una discusión mucho más profunda: cómo evitar que el auge extractivo funcione como un enclave aislado y lograr que la actividad se convierta en una verdadera plataforma de desarrollo económico, industrial y laboral para toda la región.