San Juan endureció su postura por Lunahuasi y rechazó de plano los reclamos de La Rioja

El ministro de Minería de San Juan, Juan Pablo Perea, salió al cruce de los planteos impulsados desde La Rioja y aseguró que el proyecto Lunahuasi se encuentra íntegramente dentro de territorio sanjuanino. El funcionario rechazó la posibilidad de una explotación compartida, defendió la legalidad ambiental del emprendimiento y acusó al gobierno riojano de instalar una controversia sin sustento jurídico.

La disputa entre San Juan y La Rioja por el proyecto minero Lunahuasi volvió a escalar con fuerza y sumó un nuevo episodio de confrontación política, institucional y territorial. Luego de que desde el gobierno riojano insistieran con avanzar judicialmente para frenar actividades vinculadas al emprendimiento y propusieran un esquema de administración compartida en zonas limítrofes, la respuesta sanjuanina no tardó en llegar.

Perea, rechazó de manera categórica las afirmaciones realizadas por su par riojano, Ernesto Pérez, y defendió la jurisdicción plena de la provincia sobre el yacimiento. El funcionario sostuvo que Lunahuasi se encuentra completamente dentro del territorio sanjuanino y afirmó que la discusión planteada desde La Rioja carece de sustento legal.

“El Gobierno de La Rioja está generando un conflicto inexistente desde el punto de vista jurídico. San Juan defiende su territorio con la ley”, expresó el ministro, al fijar posición frente a una controversia que volvió a tensar la relación entre ambas administraciones provinciales.

La discusión no es nueva. Desde hace años persisten diferencias históricas alrededor de límites y áreas de influencia en sectores cordilleranos donde existen importantes expectativas mineras. Sin embargo, el crecimiento de proyectos estratégicos y el creciente interés inversor sobre la región elevaron considerablemente la sensibilidad política alrededor de esos territorios.

En esta oportunidad, el detonante fue la propuesta formulada por Ernesto Pérez para conformar una especie de área común de servicios y explotación minera entre San Juan y La Rioja, tomando como referencia experiencias compartidas entre otras provincias del norte argentino en desarrollos vinculados al litio.

Perea desestimó completamente esa alternativa y sostuvo que el caso de Lunahuasi no puede compararse con emprendimientos donde los recursos efectivamente atraviesan distintas jurisdicciones provinciales. Según explicó, no existe ningún elemento técnico, geológico ni legal que justifique un esquema conjunto de administración.

“No existe ninguna norma que obligue a compartir la administración de recursos que pertenecen exclusivamente a una provincia”, afirmó el ministro sanjuanino.

El funcionario apoyó su postura en la Ley Nacional 18.004, sancionada en 1968 y posteriormente incorporada al Digesto Jurídico Argentino, normativa que —según indicó— delimita claramente la pertenencia territorial del área donde se desarrolla el proyecto.

Además de rechazar los planteos territoriales, Perea también respondió a las objeciones ambientales deslizadas desde La Rioja. Particularmente cuestionó las declaraciones que vinculaban el proyecto Lunahuasi con el glaciar El Potro, uno de los puntos utilizados por sectores riojanos para justificar futuras presentaciones judiciales.

El ministro aseguró que no existe conexión física ni ambiental entre el emprendimiento y esa área glaciar, debido a que ambos sectores se encuentran separados por una cadena montañosa perfectamente identificada en cartografía oficial del Instituto Geográfico Nacional.

La aclaración buscó desactivar uno de los argumentos que comenzaban a ganar espacio dentro de la ofensiva política riojana: la posibilidad de impulsar acciones legales vinculadas a presuntas irregularidades ambientales o inconsistencias en informes técnicos relacionados con tareas de exploración minera.

Perea también remarcó que Lunahuasi cuenta actualmente con todas las autorizaciones necesarias para avanzar en etapa exploratoria y sostuvo que la única autoridad competente para emitir permisos sobre esa zona es el Gobierno de San Juan.

El endurecimiento del discurso provincial aparece estrechamente ligado al momento que atraviesa la minería sanjuanina. La provincia se consolidó en los últimos años como uno de los principales polos de atracción de inversiones mineras del país, especialmente en cobre y oro, y busca fortalecer su posicionamiento dentro del mapa extractivo sudamericano.

En ese proceso, el Distrito Vicuña —donde se encuentran proyectos de enorme relevancia geológica y económica— pasó a ocupar un lugar estratégico tanto para empresas internacionales como para la planificación económica provincial.

Por eso, detrás de la controversia territorial también se mueve una discusión mucho más amplia vinculada a regalías, control de recursos naturales, infraestructura y capacidad de negociación frente a futuros desarrollos multimillonarios.

La reacción de San Juan dejó en evidencia que la provincia no está dispuesta a abrir ninguna instancia de discusión sobre jurisdicción minera ni sobre eventuales esquemas compartidos de administración territorial. La postura oficial apunta a blindar jurídica y políticamente los proyectos ubicados en la cordillera sanjuanina, en un momento donde la minería se convirtió en uno de los principales motores económicos de la provincia.

“San Juan está construyendo el polo minero más importante del país”, aseguró Perea al cerrar su respuesta pública, en una definición que no sólo buscó defender el proyecto Lunahuasi, sino también reafirmar el liderazgo provincial dentro de una actividad que concentra expectativas económicas, disputas políticas y crecientes intereses estratégicos en toda la región andina.