Crece el conflicto entre San Juan y La Rioja: ahora apuntan contra el proyecto Lunahuasi

El gobierno riojano volvió a escalar la histórica disputa limítrofe con San Juan y esta vez puso la mira sobre Lunahuasi, uno de los proyectos exploratorios más relevantes de la cordillera. La administración de Ricardo Quintela sostiene que parte del emprendimiento se desarrolla dentro de territorio riojano y anticipó nuevas acciones judiciales para exigir estudios ambientales, reconocimiento jurisdiccional y participación en futuras utilidades.

La tirantez política y territorial entre San Juan y La Rioja volvió a ingresar en una etapa de alta sensibilidad. El eje del nuevo conflicto es Lunahuasi, el proyecto minero de la canadiense NGEx Minerals —integrante del Grupo Lundin— que quedó bajo cuestionamiento luego de que funcionarios riojanos aseguraran que parte de sus actividades se desarrollan dentro de jurisdicción de esa provincia.

La controversia reabre una discusión histórica sobre los límites interprovinciales en la zona cordillerana y suma un nuevo episodio a los altercados derivados del crecimiento de la minería metalífera en el oeste argentino.

Desde la empresa señalaron que, hasta el momento, no fueron notificadas formalmente sobre ninguna presentación judicial orientada a frenar el emprendimiento. No obstante, reconocieron sorpresa por el anuncio público realizado desde La Rioja y remarcaron que mantienen una relación institucional “excelente” con las autoridades de esa provincia.

“Tenemos una excelente relación con las autoridades de La Rioja, por eso nos sorprende que hayan anunciado que van a hacer una presentación judicial”, indicaron fuentes vinculadas al proyecto.

En ese punto, dejaron trascender que aguardarán una eventual notificación oficial antes de avanzar con definiciones legales o administrativas, aunque ratificaron predisposición para continuar el diálogo político y técnico con la administración riojana.

Quien elevó el tono del reclamo fue el ministro de Producción de La Rioja, Ernesto Pérez, que en declaraciones a Canal 13 San Juan aseguró que Lunahuasi se encuentra dentro de territorio riojano y confirmó que ya comenzaron las notificaciones formales.

“Estamos empezando a notificarlos igual que a Vicuña”, afirmó el funcionario, en referencia al antecedente judicial reciente que involucró a otro de los grandes proyectos mineros de la región.

Pérez sostuvo que el planteo riojano no se limita a una discusión cartográfica sino que involucra aspectos ambientales, jurisdiccionales y económicos. Según explicó, la principal preocupación gira alrededor de la ausencia de estudios de impacto ambiental presentados ante organismos de La Rioja para emprendimientos que —según su interpretación— generan efectos directos sobre territorio provincial.

“Es por el impacto ambiental en la zona limítrofe, no está presentado el impacto. Todas las mineras instaladas en San Juan están pisando el límite con La Rioja; en realidad están adentro del territorio nuestro”, expresó.

Las declaraciones reflejan además un cambio político profundo en la postura histórica riojana frente a la minería. Durante años, La Rioja mantuvo fuertes resistencias institucionales y sociales hacia el desarrollo de proyectos metalíferos a gran escala. Ahora, en cambio, la administración provincial busca consolidarse como actor dentro del mapa minero nacional y reclama participación sobre emprendimientos que considera vinculados a su territorio.

El ministro riojano incluso afirmó que muchas compañías extranjeras eligieron establecerse formalmente bajo jurisdicción sanjuanina debido a las restricciones políticas que durante años existieron en La Rioja respecto de la actividad extractiva.

“Como La Rioja siempre tuvo problemas con la actividad, las canadienses se instalaron en teoría en San Juan, pero están adentro del territorio riojano”, sostuvo.

En este aspecto, Pérez planteó avanzar hacia un esquema de administración compartida entre ambas provincias, tomando como referencia el modelo de cooperación que mantienen Salta y Catamarca en torno al desarrollo del litio.

“Estamos planteando un área común como tiene Salta y Catamarca. Vamos a tener que tener un área común de servicios, de minerales y de explotación”, explicó.

Pérez expresó también que Lunahuasi utiliza sectores asociados a ese glaciar y sostuvo que esa área corresponde territorialmente a La Rioja.

“Lunahuasi utiliza el glaciar El Potro. Y El Potro es de La Rioja. Si te ponés a hilar fino, el emprendimiento está en La Rioja”, afirmó.

La advertencia no quedó sólo en el plano discursivo. El funcionario adelantó que, si las empresas no presentan informes ambientales y no avanzan acuerdos jurisdiccionales, la provincia podría volver a recurrir a la Justicia para intentar frenar actividades.

La nueva ofensiva riojana aparece apenas semanas después del conflicto judicial vinculado al proyecto Vicuña. El pasado 16 de abril, la jueza riojana María Greta Decker ordenó la suspensión por 30 días de actividades relacionadas con ese emprendimiento hasta tanto se presentaran estudios ambientales ante autoridades provinciales de La Rioja.

La resolución generó fuerte repercusión en San Juan debido al peso estratégico que tienen las inversiones mineras en la economía provincial y al impacto que cualquier conflicto judicial puede producir sobre la llegada de capitales internacionales.

En sus declaraciones, Pérez también mencionó el proyecto Filo del Sol, aunque reconoció que en ese caso la localización aparece más claramente vinculada a territorio sanjuanino. Aun así, insistió en que existen infraestructuras y caminos utilizados por las compañías que atraviesan áreas riojanas.

“Filo del Sol está más claramente dentro de San Juan, pero los caminos utilizan caminos nuestros”, puntualizó.

El conflicto por Lunahuasi refleja mucho más que una discusión técnica sobre límites provinciales. Lo que comienza a emerger es una disputa política y económica por el control de recursos estratégicos en una región donde la minería se consolida como uno de los motores centrales de inversión y desarrollo. Mientras San Juan busca sostener su liderazgo como polo minero nacional, La Rioja intenta reposicionarse dentro del negocio extractivo y reclamar una participación que durante años quedó al margen de su agenda política. El desenlace de esta controversia podría sentar un precedente de fuerte impacto para futuros proyectos cordilleranos y para la relación entre provincias atravesadas por recursos compartidos.