La obra social de Camioneros acumula una deuda de $60.000 millones y crece la presión por una intervención

La obra social de Camioneros atraviesa uno de los momentos más delicados de su historia. Con un déficit estimado en $60.000 millones, reclamos por recortes en servicios médicos y denuncias por presuntas transferencias irregulares a empresas vinculadas al entorno familiar de Hugo Moyano, la conducción sindical busca contener una crisis que amenaza con derivar en una intervención o incluso en una convocatoria de acreedores. En ese contexto, el líder camionero reunió de urgencia a delegados y dirigentes para defender su gestión, cuestionar las críticas públicas y anticipar cambios internos en la administración de Oschoca.

El deterioro financiero de la Obra Social de Choferes de Camiones (Oschoca) dejó de ser un problema silencioso para convertirse en un frente político, gremial y judicial de alta sensibilidad para el histórico liderazgo de Hugo Moyano. La magnitud del pasivo acumulado —que rondaría los $60.000 millones— encendió alarmas tanto dentro del sindicato como en organismos de control, mientras se multiplican las denuncias de afiliados por restricciones en medicamentos, prestaciones y cobertura sanitaria.

Frente a ese escenario, Moyano convocó una reunión de emergencia con delegados y miembros del gremio para intentar ordenar el cuadro interno y responder a las crecientes críticas. Allí, el dirigente camionero rechazó las acusaciones sobre irregularidades en la administración de la obra social y atribuyó las denuncias a operaciones mediáticas dirigidas contra el sindicalismo.

“Todas estas estupideces que salen en la prensa no hay que darle mucha importancia porque el 99 por ciento son mentiras. Son cosas que inventan para perjudicar a los dirigentes”, afirmó el líder sindical durante el encuentro, en un discurso que buscó reafirmar autoridad en medio de un contexto cada vez más complejo.

Sin embargo, detrás de la defensa política emerge una situación financiera delicada que ya impacta directamente sobre la estructura prestacional de Oschoca. Según trascendió, la conducción analiza reemplazar parte del directorio de la obra social ante sospechas de mala administración y por las filtraciones internas que expusieron públicamente el estado crítico de las cuentas.

En las últimas semanas crecieron las versiones sobre posibles maniobras de triangulación financiera mediante fideicomisos y empresas vinculadas al entorno familiar de Moyano. El foco principal apunta a Iarai SA, una firma de servicios médicos relacionada con Liliana Zulet —esposa del dirigente camionero— que tendría una participación central en el esquema operativo de la obra social.

De acuerdo con la información difundida, parte de los fondos de Oschoca habrían sido transferidos mediante el fideicomiso Dhanvantari, cuyo domicilio fiscal coincide con el de otras empresas ligadas al círculo familiar. En el directorio de Iarai SA figuran además hijos de Zulet de relaciones anteriores, un dato que profundizó las sospechas opositoras y alimentó pedidos de investigación.

La crisis también expone una contradicción estructural que atraviesa a numerosas obras sociales sindicales: el aumento sostenido de los costos médicos, la caída de aportes producto de la recesión y el deterioro del empleo registrado golpean sobre un sistema históricamente tensionado. En el caso de Camioneros, el problema adquiere mayor dimensión por el volumen de afiliados y por el peso político que el gremio conserva dentro de la estructura sindical argentina.

Actualmente, la obra social recibe un aporte extraordinario de aproximadamente $25.000 por trabajador, financiado directamente por empresarios del sector y habilitado por la Secretaría de Trabajo. Ese auxilio económico permitió sostener parcialmente la operatoria, aunque evidencia la gravedad del desequilibrio financiero. Incluso dentro del Gobierno existieron diferencias respecto de estos mecanismos de compensación: mientras sectores del oficialismo buscaron eliminarlos en nombre de la desregulación, finalmente continuaron vigentes para evitar un colapso inmediato de varias prestadoras.

En este sentido, la presentación realizada por la legisladora Graciela Ocaña ante la Superintendencia de Servicios de Salud sumó presión institucional sobre la conducción moyanista. El pedido de intervención aún no tuvo resolución, pero volvió a colocar bajo la lupa el manejo económico de una de las cajas más importantes del sindicalismo argentino.