La UNSJ profundiza sus reclamos y alerta por un deterioro financiero que compromete salarios, obras e investigación

En la antesala de una nueva marcha federal universitaria, autoridades de la Universidad Nacional de San Juan advirtieron sobre la gravedad de la situación presupuestaria que atraviesa la institución. Salarios que pierden contra la inflación, programas de infraestructura eliminados y fuertes recortes en investigación configuran un panorama que, según denuncian, amenaza el funcionamiento del sistema universitario público.

La Universidad Nacional de San Juan volverá este martes a las calles junto al resto del sistema universitario argentino en una movilización que busca exponer el deterioro presupuestario que afecta a las casas de altos estudios de todo el país. La convocatoria, impulsada en el marco de una nueva marcha federal universitaria, encuentra a la institución sanjuanina atravesada por crecientes dificultades financieras, pérdida salarial y restricciones que impactan directamente sobre áreas estratégicas como infraestructura, ciencia y permanencia estudiantil.

En la previa de la protesta, el secretario administrativo de la UNSJ, Ricardo Coca, brindó un diagnóstico severo sobre la situación económica de la universidad y advirtió que los recursos transferidos por el Gobierno nacional resultan insuficientes para sostener el funcionamiento normal de la institución.

“Tenemos la esperanza de que la marcha sea una muestra de unidad frente a una situación presupuestaria muy compleja”, sostuvo el funcionario al referirse a la movilización que volverá a reunir a docentes, estudiantes, investigadores, no docentes y autoridades universitarias en distintos puntos del país.

Según detalló Coca, la UNSJ había solicitado alrededor de 220 mil millones de pesos para afrontar el ciclo lectivo y garantizar el funcionamiento institucional, pero recibió apenas 120 mil millones.

La brecha adquiere mayor dimensión si se considera que el presupuesto nacional fue confeccionado bajo una proyección inflacionaria ampliamente superada por la realidad económica. Desde la universidad sostienen que la actualización de partidas quedó rápidamente desfasada frente al incremento sostenido de costos operativos, servicios y salarios.

“Necesitaríamos un incremento cercano al 45 por ciento para volver, al menos, a los niveles de funcionamiento que teníamos en 2023”, advirtió Coca, dejando en evidencia la magnitud del ajuste que denuncian las universidades nacionales.

Uno de los aspectos más sensibles del conflicto es el deterioro salarial que atraviesan docentes y trabajadores no docentes. La pérdida del poder adquisitivo aparece como una de las principales preocupaciones dentro de la comunidad universitaria, especialmente en un presente donde los incrementos salariales quedan sistemáticamente por debajo de la inflación.

El secretario administrativo ejemplificó esa situación con los últimos índices oficiales: mientras la inflación mensual alcanzó el 3,4 por ciento, los aumentos otorgados al sector universitario apenas llegaron al 1,7 por ciento. “Existe una reducción salarial manifiesta. Mes a mes los salarios docentes se siguen deteriorando”, remarcó.

La situación no sólo afecta el ingreso de los trabajadores, sino que además comienza a repercutir sobre la estabilidad académica y el sostenimiento de equipos profesionales vinculados a la docencia, la investigación y la extensión universitaria.

El impacto de los recortes también alcanza a la infraestructura. Coca denunció que el Gobierno nacional eliminó el programa específico destinado a obras universitarias, una decisión que dejó a las instituciones obligadas a afrontar con recursos propios cualquier tarea de mantenimiento, ampliación o mejora edilicia.

La paralización de proyectos de infraestructura no es un dato menor para universidades que requieren inversiones permanentes en laboratorios, aulas, equipamiento técnico y espacios destinados a prácticas académicas y científicas. En muchas instituciones, además, las obras suspendidas formaban parte de programas de expansión educativa y modernización tecnológica.

Otro de los sectores golpeados por la reducción de fondos es el sistema científico universitario. De acuerdo con los datos aportados por la UNSJ, la universidad destinó alrededor de 1.200 millones de pesos para sostener proyectos de investigación, mientras que el aporte nacional apenas alcanzó los 166 millones.

La nueva movilización universitaria encuentra así a las casas de altos estudios inmersas en una discusión que trasciende lo estrictamente presupuestario. Lo que está en debate es el alcance del financiamiento estatal sobre la educación superior, el lugar de la ciencia dentro de las prioridades nacionales y la capacidad del sistema universitario público para sostener sus funciones esenciales en un contexto económico cada vez más restrictivo.

En la UNSJ, como en gran parte de las universidades argentinas, la preocupación ya no se limita únicamente a la falta de recursos coyunturales. Las autoridades advierten sobre un desgaste progresivo que compromete salarios, investigación, infraestructura y permanencia estudiantil, pilares centrales de una universidad pública que históricamente funcionó como herramienta de movilidad social, producción científica y desarrollo regional.