La CGT denuncia una escalada contra los sindicatos y alerta sobre “amedrentamiento” al movimiento obrero

La expresó su “más enérgico repudio” tras el atentado sufrido por el sindicato de Dragado y Balizamiento y denunció una avanzada política, judicial y administrativa contra organizaciones gremiales. La central obrera vinculó el episodio con sanciones y procesos impulsados contra sindicatos del transporte y advirtió sobre un deterioro institucional en materia de derechos sindicales.

La Confederación General del Trabajo volvió a elevar el tono de confrontación con el Gobierno nacional y denunció la existencia de una ofensiva orientada a debilitar al movimiento obrero organizado. El pronunciamiento se produjo luego del atentado sufrido por el Sindicato de Dragado y Balizamiento, un hecho que la central calificó como parte de una secuencia de intimidaciones dirigidas contra las organizaciones sindicales.

A través de un comunicado difundido, la CGT expresó su “más enérgico repudio” y sostuvo que el episodio no puede ser interpretado como un hecho aislado. Por el contrario, la conducción cegetista advirtió que existe una creciente acumulación de discursos, sanciones y acciones institucionales que, según denunciaron, buscan disciplinar a los gremios y condicionar su capacidad de representación.

“La gravedad institucional radica en naturalizar ataques, persecuciones y medidas intimidatorias contra las organizaciones sindicales”, señalaron desde la central obrera.
El documento difundido por la CGT enlazó el atentado contra Dragado y Balizamiento con otras situaciones recientes que involucran a gremios estratégicos del transporte. En particular, cuestionó las medidas adoptadas contra el sindicato ferroviario La Fraternidad, sancionado económicamente por adherir al paro general convocado semanas atrás, y también expresó preocupación por la actuación judicial que atraviesa la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Según la central sindical, ambas situaciones forman parte de una misma lógica política orientada a erosionar la capacidad de presión de los sindicatos y a limitar el ejercicio de la actividad gremial en sectores sensibles para el funcionamiento económico y social del país.

La declaración adquiere relevancia en una situación de ruptura entre el Gobierno y amplios sectores del sindicalismo. Desde la llegada de Javier Milei a la presidencia, la relación con las centrales obreras quedó atravesada por disputas vinculadas a la reforma laboral, el ajuste fiscal, las políticas de desregulación y la pérdida del poder adquisitivo.

Dentro de ese panorama, los gremios del transporte se transformaron en actores centrales de la conflictividad. Su capacidad de paralizar actividades estratégicas y el peso específico que tienen dentro de la estructura sindical argentina los ubican en el centro de las disputas políticas y económicas del actual escenario nacional.

Más allá del episodio puntual, el pronunciamiento de la CGT deja entrever una preocupación más profunda: la posibilidad de que el endurecimiento del conflicto entre el Gobierno y los sindicatos derive en una escalada institucional de consecuencias imprevisibles. La central sindical entiende que las sanciones económicas, las presiones judiciales y los discursos confrontativos no sólo afectan a las organizaciones gremiales, sino también al equilibrio de la negociación colectiva y a los mecanismos históricos de representación laboral en la Argentina.

Con ese diagnóstico, la CGT busca reposicionarse como un actor político de peso frente a un clima de creciente polarización. El mensaje difundido tras el atentado no se limita a la solidaridad gremial: constituye también una advertencia sobre el clima político y social que atraviesa al país y sobre la disputa de fondo en torno al lugar que ocuparán los sindicatos en la nueva configuración económica impulsada por el oficialismo.