INTI e INTA, en la mira del ajuste: gremios denuncian vaciamiento y privatización encubierta

La administración de Javier Milei profundizó su ofensiva sobre organismos científicos y tecnológicos del Estado. Mientras el INTI anticipó despidos masivos sin precisiones oficiales, el INTA habilitó un régimen de retiros voluntarios que alimenta la preocupación por el debilitamiento de áreas estratégicas para la industria, la producción y el desarrollo federal.

La política de ajuste impulsada por el Gobierno nacional abrió un nuevo frente de conflicto con los trabajadores estatales y con amplios sectores vinculados al sistema científico-tecnológico argentino. Esta vez, el foco quedó puesto sobre dos organismos históricos: el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), piezas centrales para el desarrollo productivo, la investigación aplicada y la asistencia técnica en todo el país.

Las señales que surgieron durante los últimos días encendieron alarmas dentro de ambos institutos. En el INTI, las autoridades comunicaron a representantes gremiales que avanzarán con una reducción significativa de personal, aunque evitaron brindar detalles sobre la cantidad de despidos, las áreas alcanzadas o los criterios que se utilizarán para ejecutar las desvinculaciones. La indefinición oficial profundizó el clima de incertidumbre y tensión interna entre los trabajadores.

La respuesta sindical fue inmediata. La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) convocó a un paro y movilización para este jueves 7 de mayo en rechazo a lo que considera un proceso de vaciamiento deliberado del organismo. Mercedes Cabezas, secretaria general adjunta de ATE Nacional, describió un escenario atravesado por la presión y el temor dentro de la institución.

“Nos dijeron que iban a desvincular a gran parte de los trabajadores, pero no precisaron números ni plazos ni razones. La incertidumbre es total”, advirtió la dirigente sindical. Además, denunció la presencia de fuerzas de seguridad dentro del predio del instituto. “Militarizaron el lugar, con Gendarmería adentro”, sostuvo.

La referencia no resulta casual. Desde el sindicato Señalan una similitud con el proceso de ajuste implementado durante la gestión de Mauricio Macri, cuando el INTI también atravesó despidos masivos y una fuerte conflictividad gremial. Aquella experiencia derivó en extensas protestas y en una resistencia sindical que logró reincorporaciones parciales tras meses de disputa.

El conflicto actual adquiere, sin embargo, una dimensión aún más profunda por el contexto político y económico que atraviesa el país. Semanas atrás, el Gobierno ya había transferido al sector privado distintas actividades y servicios que históricamente desarrollaba el organismo estatal, debilitando una estructura clave para la asistencia tecnológica a pequeñas y medianas empresas industriales.

El INTI cumple funciones esenciales vinculadas a certificaciones técnicas, control de calidad, metrología, innovación y transferencia de tecnología. Su presencia resulta determinante para miles de pymes que dependen del acompañamiento estatal para sostener estándares productivos y mejorar competitividad. El eventual recorte de personal y capacidades operativas genera preocupación no sólo en el ámbito sindical, sino también entre sectores industriales que advierten sobre el impacto que podría tener el desmantelamiento del instituto sobre el entramado manufacturero nacional.

En simultaneo, el INTA quedó envuelto en otro capítulo del proceso de reducción estatal. El Consejo Directivo del organismo aprobó un régimen de retiro voluntario destinado al personal de planta permanente, vigente durante mayo de 2026 y prorrogable por quince días adicionales.

La resolución establece una compensación equivalente a una vez y media del salario bruto mensual por cada año de antigüedad, aunque incorpora topes decrecientes para trabajadores mayores de 61 años. El esquema fija además restricciones severas: quienes acepten el retiro no podrán reincorporarse al sector público nacional durante un período de cinco años, bajo ninguna modalidad contractual.

El cálculo indemnizatorio se realizará tomando como referencia los haberes correspondientes a enero de 2026, con un incremento acumulado del 10,30 por ciento. Aunque formalmente la adhesión es voluntaria, dentro del organismo existen fuertes cuestionamientos sobre las condiciones en las que se impulsa la medida y sobre las consecuencias que podría tener para áreas estratégicas de investigación agropecuaria.

El INTA es reconocido como uno de los principales centros de investigación y extensión rural de América Latina. Su trabajo abarca desde el desarrollo de tecnologías aplicadas al agro hasta la asistencia directa a productores regionales, cooperativas y economías locales. Por esa razón, distintos sectores consideran que cualquier reducción estructural del organismo repercute directamente sobre la capacidad del país para sostener innovación, productividad y agregado de valor en uno de sus principales motores económicos.

En los gremios estatales interpretan que ambas decisiones forman parte de una misma lógica política: reducir la participación estatal en áreas técnicas y científicas para transferir funciones al mercado privado. Mercedes Cabezas sintetizó esa mirada con una crítica directa al discurso oficial. “Ellos hablan de desregulación, pero siempre hay alguien que regula; el problema es que no es desde lo público, sino desde el capital privado”, afirmó.

La discusión excede así el plano estrictamente administrativo. Lo que se debate es el modelo de desarrollo que pretende impulsar el Gobierno y el lugar que ocuparán el conocimiento, la investigación aplicada y la asistencia técnica estatal dentro de esa estructura económica.

La presencia de fuerzas de seguridad en dependencias públicas, los retiros voluntarios, las privatizaciones parciales de servicios y las amenazas de despidos masivos configuran un cuadro que los sindicatos describen como un proceso de desguace progresivo. La preocupación crece porque tanto el INTI como el INTA constituyen organismos construidos durante décadas, con personal altamente especializado y redes de trabajo federal difíciles de reconstruir en caso de desarticulación.

Mientras el Gobierno sostiene que las medidas forman parte de un programa de racionalización del gasto y modernización estatal, trabajadores, investigadores y sectores productivos advierten que el costo del ajuste podría traducirse en una pérdida de capacidades estratégicas para el país. Detrás de cada laboratorio cerrado, de cada técnico desplazado y de cada programa suspendido no sólo se redefine el tamaño del Estado: también se pone en discusión qué papel tendrá la ciencia aplicada y el desarrollo tecnológico en la Argentina que viene.