El IPV refuerza controles para evitar fraudes en el acceso a planes habitacionales

El Instituto Provincial de la Vivienda reiteró que todos los trámites de inscripción son gratuitos y advirtió sobre prácticas irregulares vinculadas a supuestos intermediarios. También precisó las restricciones que rigen sobre las unidades adjudicadas.

El acceso a una vivienda propia, una de las principales aspiraciones de miles de familias sanjuaninas, volvió a colocarse bajo la lupa institucional. El Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) reforzó en las últimas horas su política de advertencias públicas con un objetivo claro: desalentar prácticas irregulares que, bajo distintas modalidades, buscan capitalizar la necesidad habitacional.

Desde el organismo subrayaron que la inscripción a los programas oficiales no tiene costo alguno y debe realizarse exclusivamente a través de los canales habilitados. Se trata de un punto central en el esquema de adjudicación: el trámite es personal, gratuito y no admite intermediarios.

La aclaración no es menor. En reiteradas oportunidades, el IPV detectó o recibió consultas vinculadas a ofrecimientos de supuestos gestores que prometen acelerar procesos o asegurar cupos a cambio de dinero. Frente a ese tipo de propuestas, la recomendación es categórica: no existe ninguna vía paralela que habilite beneficios ni priorice postulaciones fuera del circuito oficial.

En el mismo sentido, el organismo fue enfático al descartar la comercialización informal de bienes vinculados a su órbita. No se venden carpetas, terrenos ni viviendas en proceso de desalojo, y cualquier oferta en ese sentido debe ser interpretada como una maniobra ajena a la operatoria estatal.

El mensaje institucional también incluyó precisiones sobre el uso de las viviendas ya adjudicadas. Las unidades entregadas no pueden ser alquiladas, transferidas ni sometidas a permutas sin autorización expresa del IPV, y tampoco pueden ser vendidas mientras persista deuda sobre las mismas. Este conjunto de condiciones responde a un criterio de política pública: garantizar que el beneficio llegue efectivamente a quienes fueron seleccionados y evitar su desnaturalización como activo de especulación.

A su vez, las viviendas deben ser habitadas por los adjudicatarios o por personas debidamente autorizadas, lo que introduce un componente adicional de control sobre el destino de los inmuebles. Estas restricciones no sólo buscan preservar la finalidad social del programa, sino también asegurar un uso adecuado de recursos que, en gran medida, provienen del financiamiento estatal.

En este esquema, la difusión de información oficial cumple un rol clave. El IPV recordó que ante cualquier duda o situación sospechosa, los ciudadanos deben recurrir directamente a sus canales institucionales —ya sea de manera presencial en el Centro Cívico o a través de sus vías de contacto—, evitando así quedar expuestos a operaciones engañosas.

Ante cualquier duda o propuesta sospechosa, se recomienda comunicarse directamente con el IPV o acercarse a su sede en el Centro Cívico.

El organismo informó además su sitio web ipv.sanjuan.gob.ar, los teléfonos 0264 4305278 / 4305267 / 4305268 / 4305269 y el horario de atención, de lunes a viernes de 7:30 a 13:00.