Avanza el recorte en el INTA: aprueban retiros voluntarios con un objetivo de 950 desvinculaciones

El Consejo Directivo del INTA dio luz verde a un esquema de retiros voluntarios impulsado por el Gobierno nacional. La iniciativa apunta a reducir en torno al 20% de la planta actual y contempla condiciones diferenciadas según la edad y la situación contractual del personal.

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) se encamina hacia una de las transformaciones más profundas de su estructura en las últimas décadas. El Consejo Directivo del organismo aprobó un plan de retiros voluntarios promovido por la conducción encabezada por Nicolás Bronzovich, en línea con la política de reordenamiento del Estado impulsada por la administración de Javier Milei y articulada desde el área de Desregulación a cargo de Federico Sturzenegger.

La iniciativa fija como meta la desvinculación de alrededor de 950 trabajadores, lo que equivale a cerca del 20% de la dotación actual. El universo alcanzado incluye técnicos, investigadores, especialistas y personal administrativo. El objetivo oficial es avanzar en una reducción significativa del gasto operativo, en sintonía con el programa económico del Ejecutivo.

Para incentivar la adhesión, el esquema contempla compensaciones calculadas sobre la base de la antigüedad en planta permanente. Quienes opten por acogerse al retiro recibirán una suma equivalente a 1,5 salarios por cada año de servicio, con topes diferenciados según la edad. En los casos más próximos a la jubilación, el beneficio tendrá un límite máximo que busca equilibrar el costo fiscal de la medida.

Sin embargo, uno de los aspectos más sensibles del programa reside en su criterio de cálculo: solo se reconocerán los años trabajados bajo condición de planta permanente, excluyendo períodos previos como becarios o contratados. Este punto introduce una variable decisiva para el nivel de adhesión, ya que una parte considerable del personal desarrolló trayectorias prolongadas bajo modalidades contractuales que no serán contempladas en la compensación.

El financiamiento del plan —estimado en más de 100 mil millones de pesos— será formalizado mediante un decreto presidencial que habilitará la reasignación de partidas para cubrir las indemnizaciones. La disponibilidad de recursos fue un elemento determinante para obtener el aval del Consejo Directivo, un órgano que reúne representación de entidades agropecuarias y universidades nacionales.

La reducción de personal se inscribe en un proceso más amplio de reconfiguración institucional. Desde el inicio de la actual gestión, la conducción del INTA explicitó su intención de disminuir de manera sustancial la estructura del organismo, con una proyección que originalmente contemplaba una poda superior a los 1.400 puestos. A esa meta se suman otras decisiones orientadas a redefinir su funcionamiento, entre ellas la venta de activos inmobiliarios y el cierre de áreas vinculadas a la extensión territorial.

En los últimos meses, esas directrices comenzaron a materializarse. Se dispuso el cierre de dependencias, la transferencia de predios para su eventual comercialización y la reducción de oficinas en distintas regiones del país. Estas medidas modifican de manera directa la presencia territorial del instituto, históricamente reconocido por su despliegue federal y su vínculo con productores y economías regionales.

El antecedente inmediato no resultó alentador para las autoridades. Un primer programa de retiros voluntarios, implementado hacia fines de 2024, tuvo una adhesión significativamente menor a la esperada. Apenas unas 300 personas optaron por esa alternativa, lejos de los objetivos trazados. Este resultado obligó a reformular las condiciones económicas del nuevo esquema, con incentivos más elevados para captar mayor interés.

Aun así, persisten dudas sobre la efectividad de la propuesta. La combinación de criterios restrictivos en el reconocimiento de la antigüedad y la incertidumbre sobre el futuro laboral fuera del organismo podría limitar el alcance del programa. En paralelo, la continuidad del proceso de reducción ya se refleja en cifras: cerca de 500 trabajadores dejaron el INTA desde el inicio de la actual administración.