Explosión de denuncias: casi la mitad de los casos en la Defensoría son por falta de medicamentos y tratamientos

El organismo registró un incremento interanual del 118% en sus intervenciones. Cerca del 50% de las nuevas causas están vinculadas a la vulneración del derecho a la salud. Su titular, Florencia Peñaloza, advirtió que la judicialización se ha convertido en la única herramienta efectiva frente a la falta de respuestas de obras sociales y prepagas.

El sistema de salud en San Juan atraviesa una tensión creciente que comienza a reflejarse con nitidez en los datos institucionales. La Defensoría del Pueblo reportó un aumento del 118% en la cantidad de intervenciones durante el último año, con un rasgo distintivo: casi la mitad de los reclamos están directamente vinculados a la imposibilidad de acceder a medicamentos, tratamientos o prácticas médicas esenciales.

La titular del organismo, Florencia Peñaloza, describió un cambio sustantivo en la naturaleza de las demandas. “Hoy todo lo que llega es urgente”, afirmó, al tiempo que señaló que cada vez más ciudadanos recurren a la Defensoría como instancia final ante la ausencia de respuestas del sistema sanitario.

En la práctica, los casos se repiten con patrones similares: turnos que no se asignan, cirugías postergadas, medicamentos oncológicos que no se entregan en tiempo y forma. Frente a este escenario, la vía judicial —principalmente a través de acciones de amparo— se consolida como el único camino para garantizar prestaciones que, en muchos casos, cuentan con cobertura legal explícita.

Peñaloza fue categórica respecto de los argumentos esgrimidos por prestadores de salud: “Las excusas de desfinanciamiento se caen frente a la ley. Cuando existe una obligación de cobertura, debe cumplirse”. En ese marco, la Defensoría asume un rol activo en la promoción de reclamos judiciales cuando las instancias administrativas resultan insuficientes o ineficaces.

Uno de los focos críticos se concentra en la obra social OSECAC, donde la falta de acuerdos con profesionales —como el Colegio de Anestesistas— y dificultades financieras de orden nacional han derivado en la interrupción de prestaciones en más de 30 centros. En paralelo, la crisis del PAMI impacta de manera transversal en sectores altamente vulnerables, como jubilados, personas con discapacidad y niños con patologías complejas.

El deterioro en la respuesta del sistema privado está generando un efecto de desplazamiento hacia el sector público, que comienza a absorber una demanda creciente sin una expansión proporcional de sus recursos. Este fenómeno configura un escenario de presión estructural sobre hospitales y centros de salud estatales, que operan como red de contención ante el colapso parcial de otros subsistemas.

La judicialización de la salud, lejos de ser una excepción, se ha convertido en un mecanismo sistemático de acceso a derechos. Si bien garantiza soluciones individuales, también expone la fragilidad del entramado sanitario y la incapacidad de los circuitos administrativos para resolver conflictos en tiempo oportuno.

En este contexto, la Defensoría del Pueblo no solo funciona como canal de recepción de denuncias, sino como actor institucional clave en la articulación entre ciudadanos, prestadores y Justicia. La expansión de sus intervenciones refleja, en última instancia, una crisis más profunda: la pérdida de previsibilidad en el acceso a prestaciones básicas.