La Justicia de San Juan avanza hacia la digitalización: notificaciones electrónicas y fuerte reducción de costos

El Poder Judicial de San Juan dio un paso decisivo en su proceso de modernización al anunciar la implementación de un sistema de notificaciones digitales destinado a ciudadanos que deban comparecer ante los tribunales. La iniciativa, impulsada de manera conjunta con el Gobierno provincial, introduce un cambio sustancial en la dinámica de comunicación judicial y abre la puerta a una transformación estructural en la gestión de los procesos.

El presidente de la Corte de Justicia, Daniel Olivares Yapur, confirmó que el proyecto comenzará con una fase piloto que permitirá evaluar su funcionamiento antes de su aplicación plena. El desarrollo de la herramienta es el resultado de un trabajo articulado entre distintas áreas del Estado, entre ellas la Secretaría de Seguridad y Orden Público, la Jefatura de Policía, el Ministerio de Economía —a través de la Dirección Provincial de Informática— y el área de Gobierno Digital.

El impacto económico aparece como uno de los argumentos centrales de la iniciativa. Actualmente, el sistema judicial emite alrededor de 90 mil notificaciones anuales bajo formatos tradicionales, lo que implica un despliegue logístico significativo. Según estimaciones oficiales, este mecanismo demanda un gasto superior a los 1.500 millones de pesos por año, cifra que podría reducirse de manera considerable con la adopción de un esquema digital.

Más allá del ahorro, el cambio apunta a resolver ineficiencias propias del modelo vigente. En la actualidad, las notificaciones se canalizan a través de distintos circuitos según el fuero, lo que deriva en un funcionamiento fragmentado. En materia penal, por ejemplo, intervienen oficinas judiciales en coordinación con la Policía, mientras que en otros ámbitos pueden participar abogados u otros actores, generando heterogeneidad en los procedimientos.

La incorporación de una plataforma digital —que tendría como eje el sistema de Ciudadano Digital del Gobierno provincial— permitirá unificar criterios y simplificar los procesos. Este nuevo esquema no solo agilizaría los tiempos de comunicación, sino que también reduciría la dependencia de intermediarios y minimizaría las fallas asociadas a la notificación presencial, como la imposibilidad de ubicar al destinatario.

En esa línea, uno de los cambios más relevantes es la eventual desvinculación de la Policía de estas tareas, lo que implicaría una reasignación más eficiente de recursos humanos y operativos. La modificación no es menor: actualmente, una parte significativa de las notificaciones requiere intervención policial, lo que incrementa costos y dilata los plazos.

El proceso de implementación será gradual. En una primera etapa, el sistema digital convivirá con los mecanismos tradicionales, con el objetivo de garantizar la transición sin afectar la validez de los actos procesales. “La meta es avanzar hacia una digitalización plena, pero inicialmente se trabajará con ambos formatos”, explicó Olivares Yapur.

El titular de la Corte también destacó que ya se realizaron pruebas preliminares con resultados alentadores, lo que refuerza la viabilidad del proyecto. No obstante, la puesta en marcha definitiva requerirá la adecuación de marcos normativos que respalden jurídicamente el nuevo esquema.