Rutas en disputa: advierten que la transferencia a provincias debilita a Vialidad

La Federación del Personal de Vialidad Nacional cuestionó el alcance del Decreto que habilita a provincias a gestionar tramos de rutas nacionales. Advierten sobre un proceso progresivo de debilitamiento del organismo y la posible pérdida de puestos de trabajo.

La política de infraestructura vial volvió al centro de la escena tras la publicación del Decreto 253/2026, que otorga a nueve provincias a asumir tareas de mantenimiento sobre rutas nacionales que atraviesan sus territorios. La medida, presentada por el Gobierno como una herramienta de fortalecimiento del federalismo, abrió un frente de conflicto con trabajadores del sector, que interpretan la iniciativa como un repliegue de la capacidad operativa del Estado nacional.

Desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional, la reacción fue contundente. La entidad se declaró en estado de alerta y movilización y advirtió que la transferencia de funciones podría afectar a cerca de mil trabajadores. El diagnóstico gremial es claro: sostienen que la delegación de tareas implica una pérdida progresiva de atribuciones para la Dirección Nacional de Vialidad, organismo histórico en la planificación y ejecución de la red vial.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei junto a miembros de su gabinete, establece que la cesión será de carácter temporal y revocable, sin alterar la titularidad nacional de las rutas. Las provincias involucradas —entre ellas Córdoba, Mendoza, Neuquén y San Juan— deberán suscribir convenios específicos, presentar planes de obra y definir esquemas de financiamiento, en muchos casos vinculados a concesiones con peaje.

Sin embargo, el eje del cuestionamiento sindical se sitúa en las consecuencias prácticas de la disposición. Para los trabajadores, el traspaso de tramos implica una reducción directa del campo de acción del organismo nacional. “Se pierde objeto de trabajo”, advirtieron desde el gremio, al tiempo que señalaron que la reasignación de funciones podría derivar en un proceso de desvinculaciones progresivas.

El análisis técnico elaborado por la federación profundiza esa lectura. Allí se sostiene que la iniciativa no elimina formalmente a Vialidad, pero reduce su rol a tareas de supervisión, debilitando su capacidad de ejecución y planificación. En ese aspecto, el organismo pasaría de ser un actor central en la política vial a una estructura con funciones limitadas.

Otro de los puntos críticos es el financiamiento del sistema. Según el gremio, una parte significativa de los tramos transferidos no cuenta con niveles de tránsito suficientes para sostener esquemas de concesión sin asistencia estatal. Esta situación podría derivar en obras postergadas o en un traslado de costos hacia los usuarios a través de peajes más elevados, con impacto en la logística y en los precios de bienes y servicios.

La dimensión laboral aparece como uno de los aspectos más sensibles. El decreto no contempla mecanismos específicos de protección para los trabajadores afectados, ni establece garantías de continuidad en caso de cambios en la gestión. En ese vacío normativo, el gremio advierte sobre un proceso gradual que podría derivar en reducción de planteles y pérdida de capacidades técnicas acumuladas durante años.

El trasfondo de la discusión remite a una redefinición del rol del Estado en áreas estratégicas. Mientras el Gobierno plantea la necesidad de optimizar recursos y promover esquemas más flexibles de gestión, los trabajadores señalan que la fragmentación de funciones puede comprometer la coherencia del sistema vial y su capacidad de respuesta ante emergencias o necesidades de largo plazo.