La comunidad universitaria fijó para el 12 de mayo una nueva Marcha Federal

El sistema universitario nacional volverá a ocupar el centro de la escena pública con una nueva movilización de alcance federal. La convocatoria, prevista para el 12 de mayo frente a la Casa Rosada, tiene como eje principal el reclamo al Gobierno para que cumpla con la Ley de Financiamiento Universitario, una norma que permanece sin aplicación efectiva pese a los fallos judiciales que ordenaron su implementación.

La iniciativa surge de un amplio entramado de actores que incluye a la Federación Universitaria Argentina, el Consejo Interuniversitario Nacional y el Frente Gremial Universitario, junto a federaciones docentes y nodocentes. La consigna excede el ámbito académico: busca articular una expresión más amplia que incorpore a sectores sociales que enfrentan un deterioro sostenido de sus ingresos.

En ese sentido, Daniel Ricci, titular de la Federación de Docentes de las Universidades (FEDUN), planteó que la convocatoria apunta a trascender el universo universitario. “La universidad pública es de todos los argentinos. La movilización reunirá a distintos sectores que ven afectados sus derechos y su poder adquisitivo”, sostuvo, en una definición que busca ampliar la base social del reclamo.

El conflicto tiene como punto central la falta de cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, que establece la recomposición de salarios, la actualización de partidas y el sostenimiento de programas clave como las becas. Desde el entorno académico advierten que la ausencia de estos recursos compromete el funcionamiento de las casas de estudio y profundiza la pérdida salarial de docentes y trabajadores.

Por su parte, el Gobierno nacional, encabezado por Javier Milei, sostiene una posición firme en torno a la inviabilidad de la norma. El Ejecutivo presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema con el objetivo de evitar su aplicación, argumentando que el cumplimiento de la ley implicaría una reasignación presupuestaria de magnitud tal que afectaría el funcionamiento general del Estado.

Según la postura oficial, la implementación plena de la norma requeriría redirigir una porción significativa de los recursos destinados a gastos primarios, lo que —afirman— podría comprometer áreas sensibles como seguridad, justicia y servicios básicos. Esta interpretación marca una línea de confrontación directa con los sectores universitarios, que consideran que el financiamiento educativo debe ser una prioridad estratégica.

En este aspecto, el Gobierno también impulsó planteos en el ámbito judicial vinculados a la integración de la Corte Suprema en este expediente, solicitando que algunos de sus miembros se aparten de la causa por su vinculación con el sistema universitario. La discusión jurídica se entrelaza así con una disputa política de mayor alcance, donde se dirime el rol del Estado en el sostenimiento de la educación pública.

La convocatoria a la Marcha Federal se inscribe en una secuencia de protestas que han logrado visibilidad y adhesión social en los últimos meses. En esta oportunidad, los organizadores buscan ampliar la participación y consolidar una señal contundente frente a lo que consideran un retroceso en materia de derechos educativos y laborales.