Cambio de manos o continuidad condicionada: San Juan redefine el control de su sistema eléctrico

El llamado a concurso internacional para vender el 51% de la distribuidora eléctrica inaugura un nuevo ciclo de gestión en San Juan. Aunque el Gobierno garantiza que no habrá impacto inmediato en el servicio, el proceso reabre el debate sobre la eficacia del modelo concesionado, la calidad de las inversiones y el rol del Estado en un sector estratégico.

La decisión del Ente Provincial Regulador de la Electricidad de activar la venta del paquete accionario mayoritario de Naturgy San Juan S.A. no es un movimiento discrecional ni una señal de crisis empresaria. Es, en rigor, el cumplimiento estricto de un contrato diseñado hace tres décadas, en pleno auge de las privatizaciones, cuando el sistema energético argentino fue reorganizado bajo la lógica de concesiones de largo plazo y competencia regulada.

Sin embargo, que el proceso sea formalmente obligatorio no lo vuelve neutro en términos políticos ni económicos. Por el contrario, expone —una vez más— las tensiones de un modelo que, si bien ha logrado sostener la prestación del servicio, arrastra cuestionamientos persistentes en torno a la calidad de las inversiones, la evolución tarifaria y la capacidad real del Estado para ejercer un control efectivo.

El nuevo llamado a licitación, que definirá quién controlará el 51% de las acciones Clase A, marca el inicio del denominado Tercer Período de Gestión. En los papeles, se trata de una instancia pensada para introducir competencia, comparar ofertas y garantizar estándares internacionales. En la práctica, la experiencia previa invita a matizar ese optimismo: en 2011, un proceso similar quedó desierto, consolidando la continuidad del operador sin que mediara competencia real.

El esquema actual repite una lógica que combina apertura formal con fuertes incentivos a la continuidad. Los actuales accionistas tienen la potestad de igualar la mejor oferta que surja del concurso. Esto implica que cualquier intento de ingreso de nuevos actores dependerá no solo de su capacidad financiera, sino también de la voluntad del operador vigente de sostener su posición. La competencia, en este sentido, aparece condicionada desde el origen.

Desde el organismo regulador insisten en que el proceso no tendrá impacto en los usuarios: no habrá modificaciones en el suministro ni alteraciones contractuales inmediatas. Es una aclaración necesaria, aunque insuficiente para disipar las dudas de fondo. Porque el verdadero debate no pasa por la continuidad del servicio en el corto plazo —algo que ningún actor pone en riesgo— sino por la calidad estructural del sistema, su capacidad de expansión y la sostenibilidad de las inversiones en un contexto económico cada vez más incierto.

Una herencia que se revisa, pero no se discute

El origen de este esquema se remonta a 1996, cuando el entonces servicio estatal, en manos de Servicios Eléctricos Sanjuaninos, fue transferido al sector privado. El contrato estableció una concesión de 50 años dividida en períodos sucesivos, con revisiones obligatorias al cierre de cada ciclo. La lógica era clara: garantizar eficiencia privada bajo supervisión estatal.

Tres décadas después, el balance es más complejo. Si bien el sistema evitó colapsos estructurales, la discusión sobre tarifas, inversión y calidad del servicio sigue abierta. Y este nuevo proceso licitatorio, lejos de clausurar ese debate, lo reactiva.

El informe técnico que elaborará la veeduría designada por el EPRE —que incluirá el estado de los activos, el nivel de litigiosidad y la situación del personal— será clave para entender el punto de partida. Pero incluso ese diagnóstico, por más exhaustivo que resulte, no resuelve una pregunta central: ¿qué modelo energético necesita San Juan para los próximos años?
Inversión, riesgo y rentabilidad: el triángulo decisivo

En el mercado energético, las decisiones no se toman en abstracto. Los potenciales oferentes evaluarán variables concretas: previsibilidad regulatoria, esquema tarifario, costos operativos y horizonte macroeconómico. En ese tablero, Argentina sigue presentando incertidumbres que suelen desalentar apuestas de largo plazo.

Por eso, aunque circulen versiones sobre el interés de grupos económicos con presencia en otras jurisdicciones, el escenario más probable no necesariamente es el de una competencia feroz, sino el de una continuidad negociada. Una continuidad que, en términos formales, cumple con las reglas, pero que en términos sustantivos deja abierta la discusión sobre la efectividad del mecanismo.