Sin acuerdo y con fallos judiciales ignorados, se profundiza el conflicto universitario

Docentes y no docentes universitarios cumplen una nueva semana de paro en todo el país. Denuncian el incumplimiento de la Ley de Financiamiento y una pérdida sostenida del poder adquisitivo, mientras el Gobierno impulsa un esquema alternativo rechazado por las universidades.

El sistema universitario argentino atraviesa uno de sus momentos más delicados de los últimos años. Desde este lunes y hasta el sábado, docentes de todo el país llevan adelante una nueva medida de fuerza convocada por la CONADU Histórica y respaldada por la AGD-UBA, en reclamo por la falta de aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario.

El eje del conflicto radica en la ausencia de actualización salarial prevista en la normativa, sancionada por el Congreso y aún sin ejecución tras más de cinco meses. Los gremios sostienen que, desde diciembre de 2023, los ingresos del sector perdieron cerca de un tercio de su valor real, lo que motivó el pedido de una recomposición del 50% para recuperar el poder adquisitivo.

Frente a este reclamo, el Ejecutivo dispuso incrementos del 6,7% distribuidos en tres tramos durante el primer trimestre del año. Para los representantes sindicales, la propuesta no solo resulta insuficiente, sino que además quedó por debajo de la evolución de los precios, lo que profundizó el deterioro de los salarios. “El aumento fue tan bajo que muchos docentes ni siquiera lo percibieron”, advirtieron desde las organizaciones.

A esta disputa salarial se suma un componente institucional. La Cámara Contencioso Administrativo Federal ordenó al Gobierno aplicar de manera inmediata los artículos centrales de la ley, vinculados a la actualización de haberes. El fallo cuestionó los argumentos oficiales para postergar su implementación, aunque hasta el momento no se registraron avances concretos en ese sentido.

En este sentido, el Ejecutivo presentó en el Congreso una iniciativa propia de financiamiento universitario que propone subas escalonadas del 4,1% hasta septiembre y elimina mecanismos de actualización automática por inflación. La propuesta fue rechazada por el Consejo Interuniversitario Nacional, que reclamó la plena vigencia de la ley aprobada.

El deterioro salarial comienza a impactar de manera directa en el funcionamiento del sistema. Según datos gremiales, cerca de 10 mil docentes dejaron sus cargos en los últimos meses, en muchos casos obligados a buscar ingresos alternativos fuera del ámbito académico. Desde el sector advierten que esta tendencia erosiona la calidad educativa y debilita la estructura universitaria.

En esta situación, los sindicatos plantean que la interrupción de actividades es la consecuencia de un problema previo. “Las clases ya estaban afectadas cuando los docentes tuvieron que salir a buscar otros trabajos para sostenerse”, remarcaron desde las organizaciones, al tiempo que impulsan la convocatoria a una nueva movilización nacional en defensa de la universidad pública.