Ingresos insuficientes en el gran San Juan: la pobreza atraviesa incluso a quienes tienen trabajo

Un informe revela que casi dos tercios de la población del Gran San Juan se encuentra por debajo de la línea de pobreza. El dato más alarmante: más de la mitad de quienes tienen empleo no logra sostener un nivel de vida adecuado.

La estructura social expone una realidad que interpela las lecturas tradicionales sobre el mercado laboral: el empleo dejó de ser garantía de bienestar. Así lo indica un estudio de la consultora Ethos, que sitúa al 65,68% de la población por debajo de la línea de pobreza, en un entramado donde los ingresos resultan insuficientes incluso para amplios sectores ocupados.

El diagnóstico inicial podría sugerir cierta estabilidad: más del 54% de la población relevada tiene trabajo. Sin embargo, esa aparente solidez se desvanece al analizar la calidad de los ingresos. El dato central del informe es contundente: el 55,41% de quienes están ocupados no alcanza a cubrir la canasta básica, lo que redefine el vínculo entre empleo y condiciones de vida.

La fragilidad se profundiza al observar la vida cotidiana de los hogares. Solo el 3,15% logra ahorrar, mientras que el 36,86% directamente no llega a fin de mes y otro 38,82% apenas logra cubrir sus gastos. En términos agregados, más del 75% de la población transita una economía doméstica con márgenes extremadamente ajustados, donde cualquier imprevisto puede desestabilizar el equilibrio financiero.

El mapa territorial agrega un elemento decisivo para comprender la magnitud del fenómeno. Departamentos como Chimbas, Rawson y Pocito concentran los indicadores más críticos, con elevados niveles de desocupación y una proporción significativa de hogares con ingresos insuficientes. En Chimbas, por ejemplo, más del 85% de la población se encuentra bajo la línea de pobreza, configurando uno de los cuadros más severos del aglomerado.

En contraste, Capital y Rivadavia presentan indicadores relativamente más favorables, aunque lejos de una situación holgada. En ambos casos, más de la mitad de la población continúa en situación de pobreza, lo que revela que las diferencias territoriales no modifican el patrón general de fragilidad, sino que establecen distintos grados de afectación dentro de un mismo entramado.

El análisis también pone en evidencia que la vulnerabilidad se intensifica fuera del mercado laboral. Entre los desocupados, el 76,42% se encuentra por debajo de la línea de pobreza, cifra que asciende al 82,94% en jubilados y pensionados. Sin embargo, el rasgo más disruptivo del estudio es que la inserción laboral tampoco garantiza una mejora sustancial en las condiciones de vida.

La educación emerge como un factor determinante en la posibilidad de acceder a mejores oportunidades. Los niveles más altos de formación muestran tasas de ocupación significativamente superiores y menores índices de desempleo. No obstante, incluso en estos segmentos, la mejora en la inserción laboral no siempre se traduce en ingresos suficientes, lo que sugiere limitaciones estructurales en la calidad del empleo disponible.

Otro aspecto relevante es la composición de los hogares. El informe muestra que la dificultad para sostener los gastos no se explica únicamente por la presencia de menores a cargo, sino también por factores como la edad y la dependencia de ingresos fijos. Esto amplía el universo de la vulnerabilidad y rompe con estereotipos tradicionales sobre los perfiles más afectados.

El panorama que describe el Gran San Juan plantea un desafío de fondo: la desconexión entre trabajo e ingresos suficientes. La existencia de una mayoría ocupada no se traduce en estabilidad material, lo que obliga a repensar las herramientas de política pública más allá de la generación de empleo. La evidencia sugiere que el problema no reside únicamente en la falta de empleo, sino en la capacidad de ese trabajo para sostener condiciones de vida dignas.

En este cuadro, la desigualdad territorial, la debilidad de los ingresos y la limitada capacidad de ahorro configuran una estructura social exigida, donde amplios sectores transitan su vida cotidiana bajo restricciones permanentes. La discusión, por lo tanto, ya no pasa solo por la inclusión laboral, sino por la calidad de esa inclusión y su capacidad de garantizar bienestar real.