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Recortes y caída de ingresos: la UTEP exige respuestas legislativas urgentes

Dirigentes de la UTEP expusieron ante diputados nacionales el impacto de los recortes en programas sociales. Señalaron una fuerte caída de ingresos y advirtieron sobre consecuencias en el consumo y las economías regionales.

La Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) trasladó al Congreso de la Nación una advertencia contundente sobre el deterioro que atraviesan los sectores más vulnerables tras la reducción de programas sociales. En una reunión con legisladores de distintos bloques, la organización planteó la necesidad de incorporar de manera urgente la situación de la economía popular en la agenda parlamentaria.

El encuentro reunió a referentes políticos como Juan Marino, Germán Martínez, Natalia Zaracho, Hugo Yasky y Cecilia Moreau, entre otros, junto a dirigentes sociales de peso dentro del sector, como Johana Duarte y Dina Sánchez. También participaron representantes de diversas organizaciones territoriales, lo que evidenció la amplitud del reclamo.

Durante la exposición, los referentes de la UTEP manifestaron su preocupación por la pérdida acelerada de ingresos que afecta a más de 1,1 millones de trabajadores. Según señalaron, las prestaciones vinculadas al ex programa Potenciar Trabajo registraron una caída del 74% en su poder adquisitivo en los últimos meses, lo que repercute de manera directa en las condiciones de vida de miles de familias.

Impacto en el entramado social y productivo

La organización subrayó que la reducción de estas políticas no se limita al plano individual, sino que impacta de forma inmediata en el consumo barrial y en la actividad de las economías regionales. La contracción de ingresos en los sectores populares debilita circuitos comerciales locales, afectando tanto a pequeños emprendimientos como a redes comunitarias que dependen de esa circulación de recursos.

Uno de los puntos destacados fue el alcance territorial del problema. Desde la UTEP advirtieron que las provincias del norte argentino enfrentarán consecuencias más severas, debido a su mayor dependencia de estos ingresos como sostén de la actividad cotidiana.

A su vez, los dirigentes remarcaron que el costo fiscal de los programas sociales cuestionados representa apenas el 0,1% del Producto Bruto Interno, lo que —según su análisis— pone en evidencia que la reducción responde a una definición política antes que a una necesidad presupuestaria.

Reclamo político y agenda en construcción

En ese sentido, la organización planteó la urgencia de abrir un debate legislativo amplio que contemple la situación de la economía popular. “Es indispensable que el Parlamento aborde esta problemática con seriedad y profundidad”, señalaron voceros del sector, al tiempo que cuestionaron la falta de información oficial sobre el destino de los recursos recortados.

La UTEP también avanzó en la construcción de alianzas políticas, con reuniones adicionales junto a bloques parlamentarios, entre ellos el Frente de Izquierda, y prevé continuar con una ronda de encuentros en los próximos días.

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