Diputados acusan al Gobierno de desviar recursos del impuesto a los combustibles

Un informe legislativo señala que el Estado nacional no habría transferido los fondos del impuesto a los combustibles destinados por ley al mantenimiento de rutas. La acusación reaviva el debate sobre el deterioro vial y el impacto económico en el interior del país.

El deterioro de la red vial nacional volvió a instalarse en el centro del debate público tras una denuncia impulsada por un grupo de legisladores de la oposición, que apunta al manejo de los recursos destinados a infraestructura. Según el informe, el Estado nacional habría retenido más de $1,1 billones provenientes del impuesto a los combustibles que, de acuerdo con la normativa vigente, deben asignarse al mantenimiento y mejora de rutas en todo el país.

El núcleo de la controversia reside en la aplicación de la ley que regula este tributo, la cual establece que el 28,58% de lo recaudado debe ser transferido al Sistema Vial Integrado (Sisvial). Los diputados sostienen que esa obligación no se cumplió, lo que explicaría, al menos en parte, el progresivo deterioro de caminos estratégicos para la producción y la circulación.

El relevamiento legislativo detalla una evolución significativa en la recaudación del impuesto en los últimos años. Entre 2023 y 2024, el incremento habría alcanzado el 378%, generando más de $354.000 millones que debían destinarse a obras viales. En 2025, el crecimiento fue del 92%, con otros $688.000 millones en discusión, mientras que en los primeros meses de 2026 se sumaron más de $122.000 millones bajo el mismo esquema. Para los firmantes del informe, estas cifras reflejan no sólo un incumplimiento legal, sino también una política de asignación de recursos que impacta directamente en la calidad de la infraestructura.

“El problema ya no admite dilaciones”, señalaron desde el ámbito legislativo, al tiempo que cuestionaron la falta de respuestas oficiales a los pedidos de informes cursados al área económica. La ausencia de explicaciones formales alimenta la controversia y profundiza el debate sobre la administración de los fondos públicos.

El impacto se percibe con mayor intensidad en las provincias, donde intendentes y autoridades locales vienen alertando sobre el estado crítico de las rutas nacionales. Banquinas deterioradas, señalización insuficiente y tramos con alto nivel de desgaste configuran un escenario que eleva los riesgos para la circulación y afecta la logística productiva. La situación genera, además, una sobrecarga en los gobiernos municipales, que carecen de competencias y recursos para intervenir en corredores bajo jurisdicción nacional.

El malestar también se extiende a las administraciones provinciales, que analizan estrategias conjuntas frente a la combinación de menores transferencias y la falta de ejecución de partidas específicas. En este aspecto, la infraestructura vial se convierte en un punto de fricción entre distintos niveles del Estado, con derivaciones políticas y económicas de alcance federal.

Otro aspecto que concentra cuestionamientos es el destino de los recursos no transferidos. El informe legislativo sugiere que parte de esos fondos habría sido orientada a instrumentos financieros, en línea con la estrategia oficial de consolidación fiscal. Esta hipótesis alimenta la crítica opositora, que advierte que el superávit se estaría construyendo mediante la postergación de inversiones esenciales.