Salud sindical en emergencia: la CGT advierte sobre un sistema al borde del colapso

Un informe de la Confederación General del Trabajo revela que los ingresos de las obras sociales se ubican un 25% por debajo de los costos del Plan Médico Obligatorio. La brecha compromete la atención de más de 11 millones de afiliados.

El sistema de obras sociales sindicales atraviesa una de las etapas más delicadas de su historia reciente. Un informe elaborado por la Secretaría de Acción Social de la Confederación General del Trabajo (CGT), con datos actualizados al 31 de marzo de 2026, expone un deterioro profundo que compromete la sostenibilidad de la cobertura sanitaria para millones de beneficiarios.

El documento, firmado por José Luis Lingeri junto a los cosecretarios generales Jorge Sola, Octavio Argüello y Cristian Jerónimo, describe una combinación de factores que agravan el desequilibrio financiero. La pérdida del poder adquisitivo de los salarios —principal fuente de financiamiento— y el fuerte incremento de los costos médicos configuran una ecuación cada vez más difícil de sostener.

Ingresos por debajo de las prestaciones

El dato más preocupante surge de la comparación entre recaudación y gastos obligatorios. Mientras los ingresos promedian $67.525 por afiliado, el costo estimado para cubrir el Plan Médico Obligatorio (PMO) asciende a $85.000 mensuales. Esta diferencia del 25% revela una brecha estructural que impacta directamente en la calidad y continuidad de los servicios.

Como consecuencia, el 78,5% de los beneficiarios —más de 11 millones de personas— no genera aportes suficientes para financiar las prestaciones mínimas exigidas por ley. En este cuadro, numerosas entidades dependen del respaldo económico de sus sindicatos para evitar la interrupción de la atención.

El deterioro ya se refleja en la práctica cotidiana: atrasos en los pagos a prestadores, demoras en la asignación de turnos y una merma en la calidad de los servicios médicos.

Monotributo y jubilaciones, focos de desequilibrio

El informe identifica dos factores críticos que profundizan el déficit. Por un lado, la incorporación de monotributistas representa un fuerte desbalance financiero. El aporte promedio de este segmento ronda los $20.000, muy por debajo del costo real de la cobertura, lo que genera un desfasaje significativo dentro del sistema.

Por otro, la situación de los jubilados también evidencia una brecha considerable. Las transferencias del PAMI a las obras sociales se ubican en torno a los $48.269 por afiliado, una cifra muy inferior a los recursos que el propio organismo recauda por cada beneficiario. Esta diferencia agrava la carga financiera que deben absorber las entidades sindicales.

Prestaciones en riesgo y presión sobre el sistema

El informe también advierte sobre prácticas que incrementan los costos operativos, como la facturación de hospitales públicos con valores superiores a los del sector privado y la judicialización de prestaciones sin autorización previa. Estas situaciones agregan carga a un sistema ya exigido.

A esto se suma el deterioro en el acceso a medicamentos. Entre 2018 y 2023, la capacidad de compra de fármacos ambulatorios se redujo un 49%, una tendencia que continúa afectando a los afiliados y limita la cobertura efectiva.

El diagnóstico presentado por la CGT expone una realidad crítica: ingresos que no alcanzan para cubrir prestaciones básicas, aumento sostenido de costos y una estructura que evidencia signos de agotamiento. La advertencia de que muchas obras sociales se encuentran en una instancia cercana a la inviabilidad refleja la magnitud del problema.

La evolución del sistema dependerá de decisiones que permitan recomponer su financiamiento y garantizar la continuidad de la atención. De lo contrario, la crisis podría profundizarse y comprometer uno de los pilares históricos de la seguridad social en Argentina.