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Reforma laboral: el Gobierno logra trasladar la causa de la CGT al fuero contencioso y gana terreno en la disputa judicial

La Justicia en lo Contencioso Administrativo Federal aceptó el planteo del Gobierno y resolvió apartar al fuero laboral en la causa iniciada por la Confederación General del Trabajo. La decisión reconfigura el frente judicial sobre la reforma laboral y anticipa una disputa que podría escalar hasta la Corte Suprema.
El gobierno de Javier Milei obtuvo un primer resultado favorable en el terreno judicial al lograr que la causa impulsada por la Confederación General del Trabajo (CGT) contra la reforma laboral cambie de jurisdicción. La resolución, firmada por la jueza Macarena Marra Giménez, admitió la inhibitoria presentada por el Estado nacional y estableció que el expediente pase al fuero Contencioso Administrativo Federal, desplazando al Juzgado Nacional del Trabajo N°63.
La medida introduce un giro relevante en el litigio, ya que modifica el ámbito donde se analizará la validez de la normativa cuestionada. En términos procesales, la inhibitoria implica que el tribunal que intervenía originalmente debe cesar su actuación, lo que abre un nuevo capítulo en la disputa judicial.
Fuentes del ámbito laboral consultadas por especialistas señalaron que la decisión no está exenta de controversias y podría derivar en un conflicto de competencia entre fueros. En ese caso, la definición final quedaría en manos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, instancia que tendría la última palabra sobre qué tribunal debe intervenir.
Una reforma bajo cuestionamiento
La causa se originó a partir de una acción colectiva presentada por la CGT, que logró inicialmente una medida cautelar en la Justicia laboral. Ese fallo suspendió de manera provisoria la aplicación de un conjunto amplio de artículos de la Ley 27.802, al considerar que existían indicios de inconstitucionalidad y riesgo de perjuicios de difícil reparación si la norma entraba en vigencia.
El pronunciamiento no abordó el fondo del asunto, aunque sí estableció un freno inmediato sobre aspectos centrales de la reforma. Entre los puntos objetados se encuentran modificaciones en el esquema de indemnizaciones, la ampliación de facultades empresariales, la flexibilización de condiciones de trabajo y limitaciones a la actividad sindical.
El tribunal laboral que intervino en primera instancia también reconoció la legitimación de la central obrera para representar al conjunto de los trabajadores en este tipo de demandas colectivas. En su argumentación, sostuvo que existía una “verosimilitud del derecho calificada”, al advertir posibles vulneraciones a garantías constitucionales, especialmente aquellas vinculadas a la protección del trabajo consagrada en el artículo 14 bis.
Un escenario judicial abierto
La aceptación de la inhibitoria no cierra la controversia, sino que reordena el tablero. Con el expediente en el fuero contencioso, el Gobierno busca fortalecer su defensa jurídica de la reforma, mientras que la CGT anticipa nuevas instancias de impugnación.
El proceso se inscribe en una serie de resoluciones que ya han limitado la aplicación de distintos artículos de la norma, lo que evidencia la complejidad del debate en tribunales. La eventual intervención del máximo tribunal podría convertirse en el punto de inflexión para definir el alcance definitivo de la legislación.
El traslado de la causa al fuero contencioso representa un avance estratégico para el Ejecutivo en una disputa que excede lo técnico y adquiere dimensión institucional. La reforma laboral, uno de los pilares del programa oficial, continúa atravesada por cuestionamientos que mantienen en suspenso su implementación plena.
A partir de ahora, la evolución del expediente y las decisiones judiciales que se adopten marcarán el rumbo de un conflicto con impacto directo en el mundo del trabajo y en el equilibrio entre las políticas públicas y los derechos laborales.