La Justicia exige al Estado nacional aplicar la ley de financiamiento universitario

En medio de un conflicto que escala tanto en el plano político como en el académico, la Justicia federal asestó un golpe significativo al Gobierno al ordenar el cumplimiento de la Ley N.º 27.795 de Financiamiento Universitario. La resolución, firmada por el juez Marcelo Rebequi, titular del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo Federal N.º 11, hace lugar a una medida cautelar impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y restituye la plena vigencia de la norma.

El fallo declara inaplicable el decreto que había suspendido la ejecución de la ley bajo el argumento de la falta de previsión presupuestaria, y dispone que el Estado nacional garantice los recursos necesarios para el funcionamiento del sistema universitario. La decisión introduce un elemento jurídico de peso en una disputa que hasta ahora se desarrollaba principalmente en el terreno político y gremial.

En su resolución, el magistrado sostiene que la suspensión de la ley no puede sostenerse sin generar un perjuicio concreto e inmediato sobre el sistema universitario, lo que habilita la intervención cautelar. En esa línea, ordena al Ejecutivo abstenerse de cualquier acción u omisión que implique incumplir la normativa sancionada por el Congreso, reafirmando el principio de legalidad que rige el funcionamiento del Estado.

La medida tiene efectos inmediatos y alcance sobre el conjunto de las universidades nacionales, al reconocer el carácter colectivo del derecho involucrado. En términos prácticos, implica la obligación de recomponer las partidas presupuestarias y atender la crítica situación salarial que atraviesan docentes y trabajadores del sector.

El trasfondo del conflicto es conocido: la caída del poder adquisitivo de los salarios universitarios, la insuficiencia de los recursos para sostener el funcionamiento cotidiano y la falta de actualización presupuestaria en un contexto inflacionario. En ese escenario, la estrategia judicial adoptada por las universidades aparece como una vía para forzar definiciones en un terreno donde las negociaciones políticas no lograron avances sustantivos.

Desde el ámbito gremial, la resolución fue recibida como un respaldo explícito. Pablo Perazzi, secretario general de FEDUBA, sostuvo que el fallo “es claro” al establecer que el Gobierno no puede desatender una ley vigente y que debe garantizar el financiamiento del sistema. En la misma línea, Federico Montero, dirigente de CONADU, subrayó que la medida “restituye un principio básico del Estado de Derecho”, al obligar al cumplimiento de una norma sancionada por el Congreso.

Más allá de las valoraciones sectoriales, la decisión judicial introduce una dimensión institucional relevante. La controversia no se limita a una disputa presupuestaria, sino que pone en discusión la relación entre el Poder Ejecutivo y el marco legal vigente. En ese sentido, el fallo delimita con claridad los márgenes de acción del Gobierno frente a leyes que, aun en contextos de restricción fiscal, conservan plena validez jurídica.

El impacto potencial trasciende el ámbito universitario. El sistema público de educación superior no solo cumple funciones académicas, sino que constituye un pilar en la producción científica, la formación profesional y la movilidad social. Cualquier alteración en su financiamiento repercute de manera directa en múltiples dimensiones del desarrollo nacional.