Tensión máxima en Seguridad: policías y fuerzas federales marchan el 2 de abril

Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Policía de Seguridad Aeroportuaria y el Servicio Penitenciario Federal convocaron a una movilización conjunta el 2 de abril frente al Edificio Centinela. El reclamo por salarios por debajo de la línea de pobreza y la crisis en la cobertura de salud exponen un cuadro de creciente tensión en el área de Seguridad.

La conflictividad en el sistema de seguridad federal ingresó en una fase de alta intensidad. Por primera vez en las últimas décadas, las cinco principales fuerzas bajo la órbita nacional —Policía Federal Argentina, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario Federal— resolvieron articular una protesta conjunta para visibilizar el deterioro de sus condiciones salariales y laborales.

La convocatoria tendrá lugar el próximo 2 de abril frente al Edificio Centinela, sede central de la Gendarmería Nacional en el barrio porteño de Retiro, bajo la modalidad de un “abrazo solidario”. La elección del formato no es menor: busca evitar sanciones disciplinarias en un sector donde el derecho a la sindicalización y la protesta está fuertemente restringido.

Salarios en crisis: ingresos por debajo de la línea de pobreza

El eje del reclamo es el deterioro sostenido del poder adquisitivo. De acuerdo con fuentes de las propias fuerzas, una porción significativa de los efectivos percibe ingresos que no alcanzan a cubrir la canasta básica, lo que obliga a recurrir a actividades informales para completar ingresos.

La proliferación de trabajos adicionales —desde aplicaciones de transporte hasta changas— se volvió una práctica extendida entre los rangos más bajos, evidenciando un proceso de precarización que impacta directamente en la operatividad y la moral del personal.

Crisis sanitaria: cuestionamientos a la reestructuración de la obra social

A la problemática salarial se suma un frente sanitario en deterioro. La reconfiguración del sistema de salud de las fuerzas, que derivó en la creación de nuevos esquemas diferenciados para personal de seguridad y militar, es fuertemente cuestionada por los efectivos.

Denuncian demoras en la atención, reducción de prestaciones y falta de cobertura en tratamientos esenciales. Este escenario profundiza el malestar interno y amplifica la sensación de desprotección institucional en un sector que históricamente contó con sistemas propios de asistencia.

Malestar en la cadena de mando y cuestionamientos a la conducción

El conflicto pone de manifiesto un ambiente difícil dentro del propio Gobierno. En distintos despachos oficiales crecen las críticas hacia la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, señalada por sectores técnicos y políticos por presuntas falencias en la conducción del área.

Las objeciones apuntan tanto a la gestión cotidiana como a la estrategia frente al problema salarial. La designación de su equipo de colaboradores y la relación con las cúpulas de las fuerzas también son objeto de cuestionamientos internos.

En ese ámbito, vuelve a resonar el antecedente de la crisis policial en Córdoba en 2013, cuando un acuartelamiento derivó en un vacío de seguridad y precipitó su salida de la gestión provincial. Ese episodio reaparece ahora como referencia ineludible en el análisis político del actual escenario.

Desigualdad interna y desgaste acumulado

Otro de los factores que alimentan la protesta es la percepción de inequidad en la distribución de los incrementos salariales. Según denuncian fuentes del sector, las mejoras recientes habrían favorecido en mayor medida a las jerarquías superiores, ampliando la brecha con los escalafones más bajos.

El malestar, en este aspecto, no es coyuntural sino acumulativo. La pérdida de poder adquisitivo, combinada con presiones internas y condiciones laborales exigentes, configuró un escenario que ahora encuentra un canal de expresión inédito en la coordinación entre fuerzas.

Coordinación inédita y alerta en el Gobierno

La articulación de una convocatoria conjunta entre las cinco fuerzas federales representa una alta repercusión política e institucional. No solo por la magnitud del reclamo, sino por el nivel de organización alcanzado en un marco históricamente fragmentado y disciplinado.

En la Casa Rosada, la protesta es observada con preocupación. El Gobierno enfrenta el desafío de contener un conflicto en un sector estratégico del Estado, en una situación de restricción fiscal y deterioro del poder adquisitivo generalizado.