La CGT reivindica la nacionalización de YPF tras un fallo clave en EE.UU.

La central sindical valoró la decisión de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York que benefició a la Argentina en el litigio por la expropiación de YPF, defendió la estatización de 2012 como política estratégica y apuntó contra contradicciones del presidente Javier Milei en el manejo del caso.

La Confederación General del Trabajo (CGT) salió a fijar una posición contundente tras el reciente fallo de la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York en el marco del juicio por la nacionalización de YPF. A través de un comunicado, la central obrera interpretó la resolución como un respaldo jurídico relevante a la postura histórica del Estado argentino en uno de los litigios más sensibles de los últimos años.

Según el documento, la decisión del tribunal estadounidense revirtió la sentencia de primera instancia dictada por la jueza Loretta Preska, lo que implica —en la lectura sindical— un avance favorable para la defensa nacional en la causa iniciada tras la expropiación de la petrolera en 2012.

El pronunciamiento de la CGT no se limitó al plano judicial. En un tono marcadamente político, la organización también cuestionó al presidente Javier Milei por lo que definió como una inconsistencia entre sus declaraciones públicas y la estrategia procesal adoptada por el Estado. De acuerdo con la central, mientras el mandatario habría expresado afinidad con los planteos de los fondos demandantes, en los tribunales se habrían sostenido argumentos alineados con la defensa histórica de la Argentina.

Este señalamiento introduce un elemento de fricción en la discusión pública: la coexistencia entre una narrativa política crítica de la intervención estatal y una práctica jurídica que, en los hechos, preserva la línea argumental construida en gestiones anteriores para sostener la validez de la expropiación.

En este aspecto, la CGT reforzó su respaldo a la decisión adoptada en 2012, al considerar que la recuperación de YPF respondió a una necesidad estratégica vinculada a la autonomía energética. Bajo esta perspectiva, la estatización no solo se justifica en términos históricos, sino también en función de su impacto estructural sobre el desarrollo productivo.

En ese marco, la central puso especial énfasis en el rol de Vaca Muerta como uno de los principales motores del sector hidrocarburífero. El yacimiento, destacado por su potencial exportador y su capacidad de atraer inversiones, es presentado como una evidencia concreta de los beneficios derivados de la recuperación de la compañía.

La CGT sostuvo que, en un entorno internacional cargado por tensiones energéticas y volatilidad en los mercados, el control estatal de la petrolera permitió garantizar niveles de abastecimiento, sostener la actividad económica y generar empleo. En ese sentido, la defensa de YPF se inscribe en una concepción más amplia del rol del Estado en sectores considerados estratégicos.

El posicionamiento de la CGT tras el fallo en Nueva York trasciende el episodio judicial y vuelve a colocar en el centro del debate una discusión de fondo: el alcance de la soberanía energética en la Argentina contemporánea. Entre argumentos legales, conflictos políticos y definiciones económicas, la central sindical reafirma una visión donde el control de los recursos naturales se vincula directamente con el desarrollo nacional.

La consigna que cierra el comunicado sintetiza esa perspectiva sin matices: “No hay estatuto que tenga un peso mayor que la Constitución Nacional. No hay independencia sin soberanía. No hay soberanía sin YPF”. Una definición que, más allá del litigio en curso, anticipa que la disputa por el modelo energético seguirá siendo un eje central en la agenda pública.