Ordenan recomponer sueldos a trabajadores viales por pérdida del poder adquisitivo

Un juzgado en lo Contencioso Administrativo de Avellaneda-Lanús hizo lugar a una medida cautelar presentada por el gremio vial y ordenó la actualización inmediata de los salarios, tras verificar una fuerte pérdida del poder adquisitivo en un contexto de alta inflación.

En un veredicto de alto impacto para el sector público, la Justicia hizo lugar a una medida cautelar presentada por el Sindicato de Trabajadores Viales y Afines de la República Argentina contra la Dirección Nacional de Vialidad, y ordenó la recomposición salarial tras más de 16 meses de congelamiento.

La resolución fue dictada por el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Avellaneda-Lanús, que consideró acreditada una pérdida superior al 40% del poder adquisitivo de los trabajadores viales desde octubre de 2024, producto de la falta de actualización de los salarios frente a la dinámica inflacionaria.

El magistrado interviniente sostuvo que el congelamiento salarial, en este contexto, vulnera derechos constitucionales básicos, entre ellos el derecho a una retribución justa y a condiciones de vida dignas. En su argumentación, además, remarcó que la situación contradice el principio de progresividad de los derechos humanos, al implicar un retroceso en las condiciones laborales del sector.

Como consecuencia del dictamen, se dispuso una serie de medidas de cumplimiento inmediato. Entre ellas, la actualización de los salarios conforme a los acuerdos vigentes, el pago de las sumas retroactivas adeudadas y la implementación de las partidas presupuestarias necesarias para garantizar la recomposición.

El pronunciamiento judicial también deja expuesta la falta de negociación colectiva efectiva en el ámbito estatal, un aspecto que el gremio venía denunciando desde hace meses como parte del deterioro general de las condiciones laborales.

Desde el Sindicato de Trabajadores Viales interpretaron la resolución como un respaldo contundente a su reclamo y exigieron la inmediata ejecución de lo dispuesto por la Justicia, en un presente donde el conflicto salarial se mantiene abierto.

En esa línea, el secretario general de la seccional San Juan, Carlos Ordoñez, subrayó el impacto estructural de la situación: “Este fallo confirma lo que venimos denunciando hace meses: no se puede sostener el sistema vial con trabajadores empobrecidos. Sin salarios dignos, no hay rutas seguras ni desarrollo posible”.

La resolución se inscribe en una situación de crisis profunda entre políticas de ajuste del gasto público y la sostenibilidad de los ingresos laborales en el Estado. La decisión judicial no sólo aborda una situación puntual, sino que reabre el debate sobre el rol del Estado como empleador y la obligación de garantizar condiciones salariales compatibles con el contexto económico.

Asimismo, introduce un precedente relevante en materia de derechos laborales en el sector público, al reconocer explícitamente el impacto regresivo de la inflación sobre salarios congelados y al exigir medidas concretas de recomposición.

En términos políticos y económicos, el cumplimiento efectivo de la sentencia podría generar efectos en cadena sobre otros sectores estatales que atraviesan situaciones similares, incrementando la presión sobre las cuentas públicas y las instancias de negociación paritaria.

La resolución judicial marca un momento crucial  en el conflicto salarial de los trabajadores viales y establece un límite claro a las políticas de congelamiento en contextos inflacionarios.

Más allá del caso puntual, el fallo reafirma la centralidad del salario como derecho y como condición indispensable para el funcionamiento de áreas estratégicas del Estado.

Bajo un marco de creciente deterioro del poder adquisitivo, la consigna que emerge del sector resume el núcleo del conflicto: sin salarios dignos, no hay justicia social.