Entre el agua y el desarrollo: ASIJEMIN pide control ambiental, ley moderna y centralidad del trabajo

En el inicio del debate parlamentario por la Ley de Glaciares, el sindicato que nuclea a los cuadros jerárquicos del sector minero fijó una posición que busca salir de la lógica binaria entre ambiente y producción. Reclamó una actualización profunda del marco normativo, propuso crear un organismo de control autónomo y volvió a poner en agenda la deuda previsional con los trabajadores.

La discusión por el futuro de la política minera argentina sumó un actor con peso específico en el inicio de las audiencias públicas en la Cámara de Diputados. La Asociación Sindical del Personal Jerárquico, Profesional y Técnico de la Actividad Minera Argentina (ASIJEMIN) irrumpió con una postura que intenta reconfigurar los términos del debate: ni negación del impacto ambiental ni defensa acrítica del extractivismo, sino una síntesis que articule desarrollo, regulación y derechos laborales.

La voz del sector fue encarnada por su secretario general, Marcelo Mena, quien desde el inicio marcó un reclamo de representación largamente postergado. “Es un orgullo que nos escuchen después de tanto tiempo”, expresó, en una frase que no sólo funcionó como apertura discursiva, sino como señal política: el sindicalismo minero busca ocupar un lugar activo en la definición de las reglas del sector.

Uno de los ejes más contundentes de su exposición fue la defensa explícita de los recursos estratégicos. “Proteger los glaciares es innegociable. Proteger la vida y el agua es innegociable”, afirmó, desmarcándose de cualquier lectura que ubique al gremio en una posición refractaria a las demandas ambientales. Sin embargo, ese posicionamiento no derivó en una aceptación pasiva del statu quo, sino en una crítica más amplia al enfoque fragmentado del debate.

Para el dirigente, discutir exclusivamente la Ley de Glaciares implica eludir un problema estructural: la obsolescencia del marco normativo que regula la actividad. Con un Código de Minería que arrastra más de 150 años, la actividad se desenvuelve —según planteó— bajo parámetros que no dialogan con las exigencias tecnológicas, ambientales ni productivas contemporáneas. “No solamente hay que discutir una ley de glaciares. Tenemos que discutir una ley nacional de minería”, enfatizó, en lo que constituye uno de los planteos más integrales surgidos hasta ahora en el ámbito parlamentario.

En ese sentido, ASIJEMIN propuso avanzar hacia una legislación moderna que otorgue previsibilidad, ordene la actividad y establezca estándares claros para todos los actores involucrados. La iniciativa no es menor: en un contexto de creciente interés por los recursos naturales, la falta de reglas actualizadas aparece como uno de los principales focos de conflicto entre empresas, comunidades y Estado.

El planteo incluyó además una propuesta institucional concreta: la creación de una Agencia Nacional de Control Medioambiental Minero. Concebida como un organismo autónomo y autárquico, su diseño prevé la participación de universidades, centros de investigación, empresas, sindicatos, comunidades y distintos niveles del Estado. El objetivo es claro: fortalecer los mecanismos de fiscalización y dotarlos de mayor transparencia.

“Si podemos tener un ente compuesto colectivamente entre todas las partes, vamos a lograr un control mucho más profundo”, sostuvo Mena Muñoz, al tiempo que subrayó la necesidad de generar información pública confiable y accesible. La iniciativa se inscribe en una demanda creciente por institucionalidad robusta en materia ambiental, en un escenario donde la legitimidad de los controles es tan relevante como su eficacia técnica.

El discurso de gremial también hizo foco en el impacto territorial de la minería. Tomando como referencia el caso de San Juan, el dirigente destacó las transformaciones económicas experimentadas en las últimas décadas, aunque introdujo una advertencia que complejiza la narrativa del progreso automático. “Si la minería es solamente un negocio, no nos interesa. Tiene que ser desarrollo, crecimiento real y participación colectiva”, afirmó, marcando un límite político a la lógica puramente extractiva.

Esa mirada se sintetizó en una consigna que atravesó toda la intervención: la necesidad de superar la dicotomía entre ambiente y producción. “Defendamos los glaciares, por supuesto. Pero también necesitamos trabajar”, señaló, condensando una presión estructural que el Congreso deberá administrar en los próximos meses.

Sobre el cierre, el dirigente incorporó un tema que excede la coyuntura legislativa pero que revela otra dimensión del conflicto: las condiciones laborales en la actividad. En ese marco, reclamó el tratamiento de un proyecto de jubilación minera presentado hace casi un año, subrayando las particularidades del trabajo en altura, las bajas temperaturas y las tareas en contextos subterráneos.

“Si tanto les importa la actividad minera, que realmente les importe lo más importante, que son los trabajadores”, concluyó, desplazando el eje del debate hacia una pregunta incómoda pero central: quiénes son los verdaderos destinatarios del desarrollo que se discute.

La intervención de ASIJEMIN en el Congreso no sólo aportó matices a una discusión atravesada por posiciones antagónicas, sino que introdujo una agenda propia que combina regulación, institucionalidad y derechos laborales. En un marco donde la minería se proyecta como uno de los vectores económicos estratégicos del país, el desafío no parece residir únicamente en habilitar o restringir actividades, sino en construir un marco integral capaz de equilibrar intereses, reducir conflictos y garantizar legitimidad social.

Entre la protección de los glaciares y la necesidad de desarrollo, el sindicalismo minero propone un tercer camino: uno donde el crecimiento no se desligue del control, ni el progreso de la justicia social. La discusión recién comienza, pero el tono del debate ya dejó de ser el mismo.