Seguros no autorizados: crecen los reclamos contra el Banco San Juan y escala una demanda colectiva millonaria

Mientras Defensa al Consumidor acumula más de un centenar de expedientes por descuentos no reconocidos, la Justicia impulsa una acción colectiva que busca frenar la práctica, ordenar devoluciones y aplicar sanciones millonarias.

El incremento sostenido de denuncias por descuentos indebidos en cuentas bancarias abrió un frente de conflicto de creciente magnitud en San Juan. La Dirección de Defensa al Consumidor confirmó que ya supera los cien expedientes en trámite contra el Banco San Juan, en su mayoría vinculados a débitos automáticos por seguros que los usuarios aseguran no haber contratado o cuya existencia desconocían.

La titular del organismo, Fabiana Carrizo, precisó que la intervención estatal se encuentra en una instancia administrativa conciliatoria, orientada a resolver los casos sin necesidad de judicialización. “La gestión previa busca una solución favorable al consumidor y evitarle el desgaste de un proceso judicial prolongado, especialmente en situaciones de menor cuantía pero alto impacto individual”, explicó. La estrategia apunta a agilizar respuestas en un universo de afectados donde predominan adultos mayores.

El origen del conflicto se remonta a operativos territoriales realizados en centros de jubilados, donde se detectaron patrones reiterados: descuentos por pólizas sin respaldo documental, ausencia de consentimiento informado y desconocimiento generalizado sobre la existencia de esos servicios. A partir de esos hallazgos, el organismo implementó un programa específico para consumidores hipervulnerables, que permitió en varios casos la baja de los seguros y la restitución de los montos debitados.

Sin embargo, el volumen de reclamos y la persistencia de prácticas cuestionadas derivaron en un frente judicial de mayor escala. En simultaneo a las gestiones administrativas, avanza una demanda colectiva que busca el cese inmediato de los cobros considerados irregulares, la devolución de las sumas percibidas —con sus correspondientes intereses— y la aplicación de daño punitivo. La cifra estimada en este último concepto ronda los 2.336 millones de pesos, lo que da cuenta de la envergadura del litigio.

El proceso judicial sumó recientemente un revés significativo para la entidad bancaria. El Juzgado Contencioso Administrativo rechazó un planteo que intentaba excluir a la asociación demandante, al considerar que sí cuenta con legitimación para representar a los consumidores.

La resolución refuerza el encuadre del caso como una acción colectiva, sustentada en la normativa de defensa del consumidor y en la existencia de un universo amplio de potenciales damnificados.

Otro punto relevante fue la negativa judicial a aplicar el plazo de prescripción anual previsto en la Ley de Seguros. La magistrada interviniente sostuvo que trasladar ese criterio a una acción colectiva podría vaciar de contenido el mecanismo protectorio, al limitar el alcance de los reclamos en situaciones donde la conducta cuestionada reviste carácter sistemático.

El expediente también habilitó la participación de compañías aseguradoras vinculadas a los productos cuestionados, con el objetivo de aportar documentación que permita esclarecer las condiciones de contratación. No obstante, se rechazaron planteos de inconstitucionalidad respecto de la capitalización de intereses, consolidando así un escenario judicial adverso para la estrategia defensiva del banco.

La dimensión del conflicto se amplifica a partir de un dato clave: la propia entidad reconoció que más de 86 mil clientes poseen seguros asociados a sus cuentas. Este volumen introduce interrogantes sobre la transparencia de los mecanismos de adhesión y sobre el nivel de información brindado a los usuarios al momento de la contratación.

En este sentido, la actuación de Defensa al Consumidor adquiere un rol central como instancia de contención y resolución temprana. Desde el organismo remarcan que, ante la falta de respuesta de las entidades financieras, existen herramientas sancionatorias y recomiendan a los usuarios revisar periódicamente los movimientos de sus cuentas para detectar eventuales irregularidades.