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Sin cerrar la paritaria docente, la provincia liquida salarios con suba y bono extraordinario

En medio de un conflicto aún abierto con los gremios docentes, el gobernador Orrego confirmó que los estatales cobrarán marzo con un aumento del 5% y que en abril recibirán un bono de $150.000. La decisión apunta a amortiguar el impacto inflacionario mientras siguen las tratativas.
En un momento de negociación paritaria inconclusa y con los sindicatos docentes sin aceptar la última propuesta oficial, el gobernador Marcelo Orrego resolvió avanzar con una definición de alto impacto político y económico: los salarios de marzo para la administración pública provincial se abonarán con una actualización del 5% en el valor índice, acompañada por el pago de un bono extraordinario de $150.000 previsto para mediados de abril.
El anuncio, realizado ante medios locales, expone una estrategia que combina pragmatismo financiero y mensaje político. Sin acuerdo firmado, la provincia opta por ejecutar su oferta salarial como señal de cumplimiento y, al mismo tiempo, como herramienta para sostener ingresos en un escenario de inflación persistente.
“El esquema de pagos será el que se propuso en la última reunión paritaria”, sostuvo el mandatario, marcando una línea de continuidad respecto de la oferta oficial. En ese sentido, reafirmó su compromiso con lo anunciado: “A mi palabra la cumplo”, enfatizó, al confirmar tanto la aplicación del aumento como la liquidación del bono.
La decisión no es menor. En términos institucionales, implica avanzar de manera unilateral en la implementación de mejoras salariales, una práctica que suele tensar la relación con los gremios, especialmente cuando las negociaciones permanecen abiertas. Sin embargo, desde el Ejecutivo argumentan que la medida busca evitar un deterioro inmediato del poder adquisitivo de los trabajadores estatales.
Orrego defendió esa postura al explicar que el incremento apunta a mantener los salarios “por encima de la inflación”, considerando los puntos acumulados en las distintas actualizaciones.
La lógica oficial se apoya en una dinámica de ajustes periódicos que intentan seguir el ritmo de los precios, aunque sin consolidar aún un acuerdo integral con los sectores en conflicto.
El foco, además, se posa sobre el sector docente, donde la falta de consenso es más evidente. El mandatario subrayó la necesidad de proteger especialmente a los trabajadores que recién se inician, un segmento que carece de adicionales por antigüedad y que, por lo tanto, resulta más vulnerable frente al avance inflacionario.
A este escenario se suma otro elemento estructural: la reasignación de recursos que antes provenían de la Nación. Según indicó Orrego, la provincia continúa absorbiendo el costo de ítems como el Fondo de Conectividad y el Incentivo Docente, lo que incrementa la presión sobre las finanzas locales y redefine el margen de maniobra en las negociaciones salariales.
En este aspecto, el mandatario sanjuanino buscó ampliar el alcance del anuncio hacia la política educativa, al confirmar la continuidad del programa “Comprendo y Aprendo” y la entrega de equipamiento tecnológico. “Estamos distribuyendo computadoras a alumnos de quinto y sexto grado, y netbooks a docentes para avanzar en inteligencia artificial y comunicación”, detalló, en un intento por vincular la política salarial con una agenda más amplia de inversión en educación.
La combinación de estos elementos configura un escenario complejo: una administración que intenta sostener el ingreso real de los trabajadores, contener el conflicto sindical y, al mismo tiempo, exhibir gestión en áreas sensibles como la educación.