La Justicia protege a empleados del Garrahan y paraliza procesos disciplinarios

La Justicia resolvió suspender de manera provisoria los sumarios administrativos iniciados contra empleados del Hospital Garrahan, en el marco de una acción judicial promovida por ATE en representación de trabajadores del centro de salud. La medida alcanza, en particular, a delegados y activistas sindicales que —según la presentación del gremio— habrían sido objeto de procesos disciplinarios por su participación en reclamos laborales.

La resolución judicial ordena detener el trámite del expediente 2470/2025 mientras se sustancia el proceso principal, es decir, hasta que se dicte una sentencia definitiva sobre el fondo de la controversia. De este modo, se evita, al menos de forma transitoria, que avancen eventuales sanciones que podrían incluir suspensiones o despidos.

En su planteo, ATE sostuvo que los sumarios no respondían a faltas administrativas genuinas, sino que constituían una herramienta de persecución sindical. Argumentó que las actuaciones disciplinarias apuntaban a limitar la organización gremial dentro del hospital, afectando derechos protegidos tanto por la legislación laboral como por normas constitucionales.

El tribunal, al hacer lugar a la cautelar, consideró que existían elementos suficientes para presumir un posible perjuicio irreparable si los sumarios continuaban su curso. En ese sentido, priorizó la necesidad de resguardar derechos fundamentales hasta tanto se esclarezca la situación de fondo.

El fallo se inscribe en un sentido más amplio de presiones entre autoridades estatales y organizaciones sindicales, en un escenario donde la conflictividad laboral ha ido en aumento.

La decisión judicial no implica un pronunciamiento definitivo sobre la legalidad de los sumarios, pero sí establece un límite preventivo frente a posibles abusos en el ejercicio del poder disciplinario.

En términos jurídicos, la medida cautelar actúa como un resguardo ante la eventual afectación de garantías básicas, como la libertad sindical, reconocida en tratados internacionales con jerarquía constitucional. Al mismo tiempo, envía una señal sobre la necesidad de que las sanciones administrativas no se utilicen como mecanismo de disciplinamiento frente a la protesta.