Universidades en conflicto: Alto acatamiento en todo el país y creciente presión por el financiamiento

Docentes y no docentes de universidades nacionales completaron una semana de paro con fuerte adhesión en todo el país. El Frente Sindical de las Universidades Nacionales exige la implementación de la ley de financiamiento y denuncia una pérdida del poder adquisitivo superior al 30%, mientras crece el rechazo a un nuevo proyecto del Gobierno.

Tras una semana completa de paro con elevado acatamiento, docentes y trabajadores no docentes de universidades nacionales y preuniversitarias ratificaron la continuidad de su plan de lucha frente a lo que describen como un deterioro sostenido de sus condiciones salariales.

La protesta, impulsada por el Frente Sindical de las Universidades Nacionales —del que forma parte CONADU Histórica—, tiene como eje central el reclamo por la plena implementación de la Ley de Financiamiento Universitario. Según las organizaciones gremiales, la pérdida del poder adquisitivo ya supera el 30%, en un contexto de aumentos que corren por detrás de la inflación.

En este sentido, el malestar se profundizó tras el anuncio del vocero presidencial Manuel Adorni sobre el envío de un nuevo proyecto al Congreso. Desde el ámbito sindical advierten que la iniciativa implicaría un retroceso, ya que eliminaría mecanismos de compensación por la pérdida salarial acumulada desde 2023, un punto clave en la normativa vigente que fue aprobada en reiteradas ocasiones y respaldada judicialmente.

La secretaria general de CONADU Histórica, Francisca Staiti, describió un escenario crítico: salarios que no logran recuperarse, creciente pluriempleo y un éxodo de profesionales que debilita el sistema educativo. En ese sentido, advirtió que más de 10.000 docentes abandonaron sus cargos en el último período, reflejo de la pérdida de atractivo de la carrera académica.

Las cifras expuestas por los gremios refuerzan el diagnóstico: mientras la inflación del primer trimestre podría rondar el 9%, los incrementos salariales otorgados por decreto —2,5% en enero, 2,2% en febrero y 2% en marzo— apenas alcanzarían un 6,85% acumulado. Esta brecha, sostienen, profundiza una caída del ingreso que se arrastra desde la devaluación de diciembre de 2023.

Por su parte, la secretaria gremial de CONADU Histórica, Micaela Gomiz, alertó sobre el contenido del nuevo proyecto oficial. Según explicó, la propuesta dejaría sin efecto la recomposición correspondiente a 2024 y establecería un esquema de aumentos del 12,4% en cuotas hasta septiembre de 2025, muy por debajo del 50% previsto en la ley vigente.

El conflicto universitario muestra una tirantez sistémica entre política fiscal y sostenimiento del sistema educativo. La combinación de salarios rezagados, fuga de docentes y reducción de incentivos amenaza con impactar no solo en la calidad académica, sino también en la producción científica y tecnológica.

Al mismo tiempo, el rechazo sindical al nuevo proyecto oficial revela un punto de quiebre: no se trata únicamente de discutir porcentajes, sino del modelo de financiamiento universitario. La disputa, en ese sentido, adquiere un carácter estratégico, con implicancias que exceden lo salarial y se proyectan sobre el rol del Estado en la educación superior.

Con un paro de alto acatamiento como señal de fuerza y nuevas medidas por venir, el conflicto universitario se encamina a una escalada. La falta de acuerdos y las diferencias en torno al financiamiento advierten semanas de alta inestabilidad, en las que estará en juego no solo la recomposición salarial, sino también el futuro del sistema universitario público en la Argentina.