Colegios de abogados judicializan la Reforma Laboral y suman presión contra el Gobierno

Casi 30 colegios de abogados de todo el país presentaron una acción judicial para suspender artículos de la reforma laboral impulsada por el gobierno de Javier Milei. Denuncian que el nuevo esquema de honorarios en juicios laborales vulnera derechos constitucionales y pone en riesgo su carácter alimentario.

El frente judicial contra la reforma laboral se amplía y suma nuevos actores de peso. A las presentaciones impulsadas por sindicatos en distintos puntos del país, ahora se agregan los colegios de abogados, que avanzaron con una estrategia coordinada para cuestionar aspectos sensibles de la normativa aprobada por el Congreso.

Un total de 29 colegios profesionales promovieron una acción ante el fuero Contencioso Administrativo Federal con el objetivo de obtener una medida cautelar que suspenda artículos centrales de la Ley de Contrato de Trabajo, modificada recientemente. La iniciativa cuenta con el patrocinio del abogado Alberto Spota y apunta específicamente contra el nuevo régimen de percepción de honorarios en el proceso laboral.

La ofensiva judicial se inscribe en un escenario de creciente litigiosidad contra la reforma impulsada por el oficialismo, considerada una de las piezas clave del programa económico y laboral del Gobierno. En ese marco, los abogados buscan bloquear la aplicación de los artículos 20 y 277 de la ley, al sostener que introducen cambios que afectan derechos adquiridos y alteran la naturaleza jurídica de sus ingresos.

El eje del planteo gira en torno al carácter alimentario de los honorarios profesionales. Según los demandantes, la posibilidad de establecer pagos en cuotas —tal como habilitaría la nueva normativa— implica una desnaturalización de ese principio, además de configurar una afectación directa al derecho de propiedad. A ello suman el riesgo de que los letrados asuman cargas patrimoniales personales por el solo hecho de litigar en defensa de sus clientes.

En su presentación, los colegios sostienen que la reforma vulnera garantías consagradas en la Constitución Nacional, en particular los artículos 14 bis, 17, 18 y 75. Argumentan que el nuevo esquema restringe el ejercicio profesional, compromete el debido proceso y debilita la defensa en juicio, pilares esenciales del sistema jurídico.

Asimismo, advierten sobre una “utilización desviada de herramientas procesales” que podría afectar no sólo a las partes involucradas en los litigios laborales, sino también al funcionamiento integral del servicio de justicia. En ese sentido, citaron precedentes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia de medidas cautelares cuando se encuentran en juego posibles colisiones con normas constitucionales.

Otro punto relevante de la estrategia judicial es el intento de evitar dilaciones procesales. Los abogados solicitaron que se declare inaplicable el traslado previo al Estado nacional previsto en la Ley 26.854 para este tipo de medidas, con el argumento de impedir eventuales maniobras dilatorias por parte del Gobierno antes de que se resuelva la cautelar.

El planteo no es aislado. En simultaneo, ya se registran al menos cinco fallos judiciales que cuestionaron la nueva fórmula de cálculo de intereses en juicios laborales, lo que refuerza la percepción de que la reforma enfrenta serias dificultades para consolidarse sin resistencia en los tribunales.

La irrupción de los colegios de abogados en el frente judicial marca un punto de inflexión en la disputa por la reforma laboral. A diferencia de los sindicatos, que litigan desde la defensa de los trabajadores, los letrados introducen una dimensión institucional y corporativa que complejiza el escenario para el Gobierno.

El cuestionamiento al régimen de honorarios no es menor: pone en debate la sustentabilidad económica del ejercicio profesional y, al mismo tiempo, impacta en el acceso a la justicia para los trabajadores, ya que condiciona la viabilidad de los litigios laborales.

Además, la acumulación de fallos adversos y presentaciones cautelares abre la puerta a un entorno de fragmentación normativa, donde la aplicación de la reforma podría quedar sujeta a decisiones judiciales dispares según la jurisdicción.