El Gobierno desmantela oficinas de la Secretaría de Trabajo y reduce personal en todo el país

El Gobierno nacional se encamina a ejecutar una de las transformaciones más drásticas en la estructura laboral del Estado: el cierre total de las delegaciones territoriales de la Secretaría de Trabajo. La medida, que sería oficializada en las próximas horas, implicará la desvinculación de alrededor de 1.600 empleados y la virtual eliminación de la presencia federal del organismo.

Dependiente del Ministerio de Capital Humano, la Secretaría de Trabajo cumple un rol clave en la intermediación entre trabajadores y empleadores. Sus agencias distribuidas en todas las provincias funcionan como ventanillas de atención para trámites laborales, asesoramiento legal, homologación de acuerdos, inspecciones y acompañamiento a sindicatos, cooperativas y empresas. La decisión de suprimir esta red territorial marca un giro de fondo en el modelo de gestión laboral.

El rediseño responde a la estrategia oficial de reducir el tamaño del Estado y centralizar funciones. Sin embargo, especialistas advierten que la desaparición de estas oficinas podría generar un vacío operativo en regiones alejadas de los grandes centros urbanos, donde la presencialidad resulta determinante para el acceso a derechos laborales.

En este contexto, el sindicato Asociación Trabajadores del Estado (ATE) había declarado el estado de “alerta máxima” ante los rumores de despidos que finalmente se confirmarían. Su secretario general, Rodolfo Aguiar, denunció un “vaciamiento estructural” del organismo y alertó sobre el impacto social de la medida, tanto en los trabajadores despedidos como en la población que depende de estos servicios.

Las críticas también apuntan al titular de la cartera laboral, Julio Cordero, a quien los gremios señalan como uno de los impulsores del plan de desarticulación. Desde el oficialismo, en cambio, sostienen que la reestructuración busca eliminar superposiciones administrativas y avanzar hacia un esquema más eficiente y digitalizado.

El cierre de las delegaciones no sólo implica una reducción del empleo público, sino que reconfigura el alcance territorial del Estado en materia laboral. En un país con marcadas desigualdades regionales, la desaparición de estas oficinas podría profundizar las brechas de acceso a la formalización, la resolución de conflictos y la fiscalización del cumplimiento de normas laborales.

Asimismo, el ajuste se inscribe en un ámbito más amplio de recortes en distintas áreas del Estado, lo que refuerza la lógica de un repliegue institucional que prioriza la reducción del gasto por sobre la presencia territorial.

La decisión de desmantelar la estructura federal de la Secretaría de Trabajo abre un escenario de alta conflictividad y plantea interrogantes sobre el futuro del sistema de protección laboral en la Argentina. Mientras el Gobierno avanza con su plan de ajuste, sindicatos y trabajadores anticipan un agravamiento de la situación en defensa de los puestos de trabajo y de un rol estatal que, sostienen, resulta irremplazable en la garantía de derechos.