Sindicatos rechazan plan de retiros en ANSES y advierten por el debilitamiento del organismo

La decisión del Gobierno nacional de implementar un plan de retiros voluntarios en la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) abrió un nuevo foco de conflicto con los sindicatos del organismo, que denuncian presiones sobre los trabajadores y advierten sobre el posible debilitamiento institucional del sistema previsional.

La iniciativa fue formalizada mediante la Resolución 68/2026, firmada por Fernando Omar Bearzi, y establece la puesta en marcha del denominado Plan de Retiros de Voluntad Recíproca (RVR), un mecanismo de desvinculación laboral por acuerdo entre el trabajador y el organismo.

La medida se sustenta en el artículo 241 de la Ley de Contrato de Trabajo N.º 20.744, que contempla la extinción del vínculo laboral por voluntad concurrente de ambas partes.

Cómo funcionará el retiro voluntario

El esquema establece que los acuerdos deberán formalizarse ante el Servicio de Conciliación Laboral Obligatoria (SECLO), dependiente de la Secretaría de Trabajo, y posteriormente ser homologados para su validez legal. La gestión operativa del proceso estará a cargo de la Dirección General de Recursos Humanos de ANSES.

El programa está dirigido a trabajadores con al menos dos años de antigüedad en el organismo y prevé un período de adhesión que se extenderá hasta el 5 de abril de 2026.

No podrán acceder al retiro quienes se encuentren procesados o condenados por delitos contra la administración pública, los trabajadores con procedimientos disciplinarios en curso, quienes hayan iniciado trámites jubilatorios o presentado renuncia, los mayores de 62 años o quienes mantengan litigios laborales pendientes, salvo que desistan de ellos.

Asimismo, el régimen establece que los empleados con mandato sindical vigente deberán renunciar previamente a su cargo gremial y a la tutela sindical para poder adherir al programa.

Rechazo sindical y denuncias de presión

La medida fue cuestionada por los gremios que representan a los trabajadores del organismo, entre ellos el Sindicato de Empleados de la Ex Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (SECASFPI) y la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (APOPS).

Desde SECASFPI denunciaron que el plan se implementa en un contexto de reclamos por recomposición salarial y reapertura de paritarias, lo que —según el sindicato— genera presión económica sobre los trabajadores para aceptar la desvinculación.

“Mientras las y los trabajadores reclamamos paritarias y recomposición salarial, el gobierno responde con retiros ‘voluntarios’”, señalaron desde la conducción gremial.

El sindicato también advirtió que las condiciones actuales podrían forzar decisiones que, en un contexto laboral estable, no serían consideradas por los empleados.

Advertencias sobre la pérdida de experiencia

Desde APOPS, el secretario general Fabián Montaño sostuvo que el retiro voluntario no debe interpretarse como un beneficio para los trabajadores, sino como una herramienta para reducir la planta del organismo, especialmente entre quienes poseen mayor antigüedad y experiencia.

“El retiro voluntario no es una política de mejora para los trabajadores. Es una forma de reducir la planta del organismo bajo la apariencia de una decisión individual y voluntaria”, afirmó el dirigente.

Según el gremio, la salida de personal con trayectoria podría afectar áreas estratégicas del organismo, deteriorando la atención al público y la capacidad administrativa para sostener programas sociales y previsionales.

Temor por el impacto en la seguridad social

Desde las organizaciones sindicales sostienen que la medida forma parte de un proceso más amplio de reducción del Estado impulsado por el gobierno de Javier Milei, que —según advierten— podría poner en riesgo el funcionamiento de instituciones clave del sistema de protección social.

El dirigente de SECASFPI Carlos Ortega comparó la situación con el proceso de reformas estatales de la década de 1990 y alertó sobre un posible vaciamiento progresivo del organismo.

En la misma línea, Fernando Toledo, integrante de la conducción nacional del gremio, había advertido previamente que podrían producirse hasta 2500 desvinculaciones bajo distintas modalidades.

Un debate que trasciende lo laboral

Para los sindicatos, la discusión no se limita a la situación de los trabajadores del organismo. Aseguran que el eventual achicamiento de la plantilla también podría afectar la capacidad del Estado para garantizar prestaciones previsionales y políticas sociales que alcanzan a millones de argentinos.

“Cuando se debilita ANSES no se trata solamente de un problema laboral”, advirtió Montaño. “Estamos hablando de la institución que administra el sistema previsional y múltiples políticas sociales”.

En ese aspecto, los gremios insisten en que la defensa del empleo en ANSES también implica defender una seguridad social pública, profesional y con presencia federal, en un escenario donde el debate sobre el rol del Estado vuelve a ocupar el centro de la agenda política y sindical.