La deuda con prestadores de PAMI peligra la atención de millones de jubilados

Atrasos en los pagos a odontólogos, ópticas, acompañantes terapéuticos y otros profesionales generaron suspensiones de servicios y fuertes reclamos en distintas provincias. Mientras la conducción del PAMI asegura que mantiene al día los compromisos con médicos y farmacias, prestadores de otras áreas advierten que la situación se volvió crítica y amenaza la continuidad de la atención a millones de jubilados.

La crisis financiera que atraviesan diversos prestadores vinculados al sistema de salud de los jubilados comenzó a traducirse en un problema tangible para los afiliados. Atrasos en los pagos y demoras acumuladas en honorarios y prestaciones están generando suspensiones de servicios en distintos puntos del país y encendieron una alarma creciente en torno al funcionamiento del PAMI, la obra social que brinda cobertura a millones de adultos mayores.

Los reclamos se multiplicaron en diversas jurisdicciones. En la ciudad de Junín, en la provincia de Buenos Aires, odontólogos vinculados al programa suspendieron la atención a afiliados del PAMI como medida de protesta ante la falta de cobro. Situaciones similares comenzaron a registrarse en otras regiones, donde los prestadores advierten que la continuidad de los servicios se vuelve cada vez más difícil de sostener.

La presión se intensificó en las últimas horas luego de que se denunciara la interrupción de prestaciones médicas en cuatro provincias del sur del país: Neuquén, Río Negro, Chubut y La Pampa. Según el Sindicato de Trabajadores Pasivos, la medida afecta consultas, estudios, prácticas ambulatorias y cirugías programadas, aunque los servicios de guardia y las urgencias continúan funcionando para evitar situaciones de riesgo.

En el centro de las críticas aparece la conducción del organismo encabezado por Esteban Leguizamo. Prestadores y organizaciones sectoriales sostienen que la demora en los pagos y el desfasaje de aranceles generaron una ecuación económica inviable para numerosos profesionales que dependen de estas prestaciones.

“Es imposible sostener el servicio en estas condiciones”, coinciden distintos referentes del sector, que advierten que los atrasos impactan directamente en la capacidad de los centros de atención para pagar salarios, afrontar costos operativos y mantener la estructura necesaria para seguir prestando servicios.

La discapacidad, otro frente en conflicto

La crisis también atraviesa al sistema de prestaciones destinadas a personas con discapacidad. Este jueves, organizaciones nucleadas en el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad convocaron a una movilización frente al Ministerio de Salud de la Nación para denunciar la situación.

La protesta contará con el acompañamiento del Sindicato de Choferes Particulares y apunta a visibilizar las deudas acumuladas en distintos programas vinculados al sistema de atención, entre ellos el programa Incluir Salud y el propio PAMI.

En diálogo con Radio Up, el coordinador del foro, Pablo Molero, describió el escenario como “muy grave” desde el punto de vista económico-financiero para quienes prestan servicios vinculados a discapacidad en todo el país.

Según explicó, numerosos prestadores aún no percibieron pagos correspondientes a prestaciones facturadas desde octubre del año pasado. En algunos casos, noviembre tampoco fue abonado, mientras que diciembre se habría cancelado solo parcialmente. “Hay muchos prestadores que no han cobrado absolutamente nada desde octubre”, advirtió.

La problemática se agrava por los plazos habituales de pago que manejan otras entidades del sistema de salud. Mientras el programa Incluir Salud acumula meses de deuda, obras sociales y empresas de medicina prepaga suelen cancelar prestaciones con demoras que oscilan entre los 60 y los 90 días. En ese marco, sostener centros de día, terapias o servicios de transporte especializado se vuelve cada vez más complejo.

Molero también señaló que, según los datos que manejan las organizaciones, el programa Incluir Salud habría dejado sin ejecutar cerca de 30.000 millones de pesos durante el último año, recursos que posteriormente fueron devueltos a rentas generales del Estado. “Ese dinero podría haberse utilizado para pagar prestaciones que ya estaban facturadas”, cuestionó.

La protesta reunirá a transportistas, profesionales de la salud y responsables de centros especializados que reclaman por deudas acumuladas de distintos organismos, entre ellos PAMI, Incluir Salud y el IAPOS, además de denunciar el atraso en los aranceles y el riesgo que enfrentan numerosos tratamientos.