Crece el frente opositor contra el control eléctrico otorgado a Vicuña en San Juan

La decisión del Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) de otorgar a la minera Vicuña la prioridad para gestionar gran parte de la capacidad disponible de una línea eléctrica de 500 kilovoltios encendió una disputa que ya trasciende el ámbito técnico y se proyecta hacia el terreno político, económico e institucional.

La resolución concede a la compañía —operadora de los proyectos Josemaría y Filo del Sol— el control preferencial del transporte remanente de energía por un plazo de 25 años. El alcance de la medida despertó un inmediato rechazo en distintos sectores de la provincia, que advierten sobre la concentración de una infraestructura clave para el desarrollo minero y productivo.

Reacción institucional y advertencias desde los municipios

La primera señal de alarma llegó desde el Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE), que convocó a una audiencia pública en territorio sanjuanino para analizar los alcances de la decisión nacional y recoger objeciones de los actores involucrados.

A esa postura se sumaron rápidamente autoridades municipales, en particular desde el departamento de Calingasta. Su intendente, Sebastián Carbajal, cuestionó con dureza la resolución al considerar que podría afectar tanto a los vecinos como a futuros proyectos productivos.

El jefe comunal recordó que desde diciembre los habitantes del departamento ya vienen registrando microcortes en el suministro eléctrico, lo que incrementa la preocupación sobre el impacto que podría generar una administración concentrada del sistema.

“La situación es delicada porque no solo hablamos del servicio para los vecinos. También hay inversiones muy importantes en marcha que podrían verse condicionadas si el acceso a la línea queda prácticamente en manos de una sola empresa”, advirtió.

Según explicó, de consolidarse el esquema actual, cualquier emprendimiento que requiera capacidad de transporte eléctrico debería gestionar su acceso con la minera, lo que en la práctica implicaría depender de una autorización privada para utilizar una infraestructura considerada estratégica.

Recursos administrativos y posible judicialización

Ante este escenario, el municipio de Calingasta ya trabaja en la presentación de una medida cautelar y un recurso de amparo para intentar frenar la aplicación de la resolución. Se prevé que la presentación formal se concrete entre el 6 y el 9 de marzo a través del sistema de Trámites a Distancia (TAD).

Una estrategia similar se analiza en el departamento de Iglesia, donde las autoridades evalúan realizar un planteo administrativo para solicitar mayor información sobre el alcance de la medida.

Desde el municipio de Jáchal también anticiparon que impulsarán una presentación formal en rechazo a que una empresa privada concentre casi la totalidad del uso de un tendido eléctrico de estas características. Aunque la línea de 500 kV que conecta San Juan con Rodeo no atraviesa directamente el departamento, en la comuna consideran que la decisión sienta un precedente potencialmente riesgoso para el desarrollo minero y productivo de la provincia.

Inquietud en el sector empresarial y minero

La controversia también se trasladó al ámbito empresarial. Desde CASEMICA, que agrupa a proveedores vinculados a la actividad extractiva, confirmaron que se encuentran evaluando acciones para respaldar el planteo del EPRE y manifestar formalmente su rechazo a la resolución.

Dirigentes del sector cuestionaron el proceso mediante el cual se adoptó la decisión y remarcaron que la infraestructura eléctrica involucrada fue construida con aportes provinciales.

“Es una barbaridad lo que han hecho. No han consultado a nadie, y estamos hablando de una línea eléctrica financiada en gran parte con recursos de la provincia”, señaló un referente del sector.

La preocupación también se extiende a otras compañías mineras que operan o proyectan inversiones en San Juan. Iniciativas como El Pachón y Los Azules siguen con atención la evolución del conflicto, ante el temor de que la disponibilidad energética quede condicionada por un esquema de acceso restringido.

Una disputa que trasciende lo técnico

Más allá de la discusión puntual sobre la capacidad de transporte eléctrico, el conflicto expone un debate más amplio sobre la gestión de infraestructura estratégica en provincias con fuerte perfil minero. En territorios donde el crecimiento económico depende en gran medida de grandes inversiones extractivas, el acceso a la energía se convierte en un factor determinante para la viabilidad de nuevos proyectos.

En ese sentido, la concentración de capacidad en manos de un único operador abre interrogantes sobre el equilibrio entre el desarrollo de un emprendimiento específico y la planificación energética a escala provincial.

Mientras avanzan las presentaciones administrativas y se preparan eventuales acciones judiciales, la resolución del ENRE ha logrado lo que pocas decisiones regulatorias consiguen: reunir en un mismo frente de cuestionamiento a municipios, proveedores y empresas del propio sector minero.

El desenlace del conflicto —que podría incluso involucrar a la Fiscalía de Estado de San Juan si la disputa se judicializa— no solo definirá quién controla la capacidad de una línea eléctrica estratégica. También pondrá a prueba el delicado equilibrio entre inversión privada, regulación estatal y desarrollo productivo en una de las provincias donde la minería se perfila como motor central de la economía.