El Gobierno elimina el presentismo y profundiza la tensión con los estatales

El Gobierno de Javier Milei volvió a tensar su relación con los trabajadores estatales al disponer la eliminación del adicional por presentismo para el personal comprendido en el Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP). La decisión, oficializada esta semana en el Boletín Oficial, suprime el incentivo económico que premiaba la asistencia perfecta mensual y modifica la estructura salarial vigente en la Administración Pública Nacional.

El impacto es significativo. En determinados organismos, el ítem representaba hasta 150 mil pesos adicionales en el recibo de sueldo. Su eliminación implica una reducción sustancial del ingreso neto para miles de empleados que se desempeñan en la Casa Rosada, ministerios, organismos descentralizados y distintas dependencias estatales bajo el régimen del SINEP.

Desde el Ejecutivo justificaron la medida en la necesidad de simplificar el esquema de haberes y optimizar el uso de los recursos públicos. Sin embargo, entre los trabajadores predomina la preocupación por el deterioro del poder adquisitivo en un clima de inflación persistente y salarios que arrastran una fuerte caída real.

Reacción sindical y advertencias

La Asociación Trabajadores del Estado reaccionó de inmediato. El gremio se declaró en “estado de alerta y asamblea permanente”, intimó al Gobierno por el no pago del premio estímulo en diversas áreas y denunció la ausencia de convocatoria a paritarias en lo que va de 2026.

Según cálculos sindicales, la quita del presentismo equivale a un recorte cercano al 10% del salario. La conducción gremial sostiene que la pérdida acumulada durante la gestión de Javier Milei alcanza el 45,3% en términos reales.

El secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, calificó la medida como “un grave recorte salarial que afectará sobre todo a los ingresos más bajos”. “El ítem de estímulo por asistencia tiene carácter alimentario. Si no se abona, estarán incurriendo en una falta grave”, advirtió.

El dirigente vinculó además la supresión del adicional con el congelamiento salarial y la falta de negociación colectiva. “Existe mala fe en las negociaciones y esto acelera la conflictividad”, afirmó, y anticipó que el Secretariado Nacional del sindicato se reunirá el próximo 11 para definir un plan de acción.

Un incentivo en debate

El adicional por presentismo había sido concebido como un mecanismo para desalentar el ausentismo y fortalecer la asistencia en las oficinas públicas. Su vigencia había sido prorrogada en acuerdos paritarios anteriores, incluidos los homologados a fines de 2025. Con su eliminación, no sólo se pierde un componente salarial relevante, sino que también se abre el interrogante sobre qué herramientas reemplazarán ese estímulo y bajo qué criterios se evaluará el desempeño.

En términos fiscales, la medida se inscribe en una estrategia de revisión y reducción de partidas en la estructura del Estado. No obstante, cada modificación en los adicionales salariales repercute de manera directa en la economía doméstica de los empleados públicos, especialmente en las categorías más bajas.

Un conflicto que escala

La supresión del presentismo se suma al anuncio previo de descuentos por días de paro en el marco del rechazo a la reforma laboral. En ese escenario, el vínculo entre el Ejecutivo y los sindicatos estatales atraviesa uno de sus momentos más tensos.

El equilibrio entre disciplina fiscal y sostenimiento del ingreso real de los trabajadores aparece como el núcleo de la disputa. Si no se habilita una instancia de negociación que permita recomponer salarios o revisar la medida, la conflictividad podría profundizarse en las próximas semanas.