Con 42 votos afirmativos, la Cámara Alta convirtió en ley la reforma y la CGT anticipa amparos

Con el respaldo del oficialismo y bloques dialoguistas, la Cámara Alta convirtió en ley la Reforma Laboral impulsada por el presidente Javier Milei. Mientras el Gobierno celebra, la oposición y el sindicalismo anticipan una ofensiva judicial por presunta inconstitucionalidad.

En el tramo final de las sesiones extraordinarias, el Senado de la Nación Argentina convirtió en ley la Reforma Laboral promovida por el Poder Ejecutivo. Con 42 votos afirmativos, 28 negativos y dos abstenciones, la Cámara Alta ratificó las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados de la Nación Argentina y selló así la principal apuesta legislativa del oficialismo en el inicio del calendario parlamentario.

La votación coronó una jornada extensa, atravesada por discursos de alto voltaje político. El bloque de La Libertad Avanza logró articular el respaldo de espacios dialoguistas como la Unión Cívica Radical, el Propuesta Republicana y sectores del peronismo no alineado. Los santacruceños José María Carambia y Natalia Gadano optaron por la abstención tras más de cuatro horas de debate.

Concesiones para destrabar apoyos

Para consolidar la mayoría, el oficialismo aceptó ajustes relevantes respecto del texto original. El más significativo fue la eliminación del artículo 44, que recortaba plazos y porcentajes en el pago de licencias por enfermedades o accidentes no laborales. Suprimir ese punto resultó determinante para asegurar votos clave.

Asimismo, se retiró el artículo que contemplaba beneficios en el impuesto a las Ganancias para grandes empresas, se sostuvo el 6% destinado a obras sociales y se moderó el esquema inicial del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), concebido como herramienta complementaria en el régimen indemnizatorio. También se extendieron plazos de adecuación para determinados estatutos.

Como anexo, el oficialismo incorporó el traspaso de la justicia laboral a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, decisión cuestionada por la oposición debido a la vía parlamentaria elegida para su inclusión.

Sin margen para nuevas enmiendas, el Senado debía optar entre convalidar la versión de Diputados o insistir con su redacción previa. Se impuso la primera alternativa.

Los ejes de la reforma

La norma —de 209 artículos distribuidos en 26 títulos— modifica 28 leyes y deroga otras 11. Entre sus puntos centrales figuran:
Convenios colectivos: priorización de acuerdos por empresa o región sobre los sectoriales y eliminación de la ultraactividad automática.
Fondo de Asistencia Laboral (FAL): asistencia en el pago de indemnizaciones con financiamiento empresarial obligatorio.
Indemnizaciones: se mantiene un mes por año trabajado, pero se excluyen conceptos no mensuales del cálculo, se fijan topes y se habilita el pago en cuotas en supuestos específicos.
Banco de horas: compensación de horas extra mediante acuerdos, respetando límites de descanso.
Vacaciones: posibilidad de fraccionamiento en períodos no menores a siete días corridos.
Plataformas digitales: creación de la figura del repartidor independiente bajo contrato de servicios.
Derecho a huelga: ampliación de servicios esenciales y establecimiento de porcentajes mínimos de funcionamiento.
Blanqueo laboral: incentivos para regularizar empleo no registrado y reducciones de cargas para nuevas incorporaciones formales.

Desde el oficialismo se presentó la reforma como un instrumento orientado a dinamizar el empleo formal, reducir la litigiosidad y otorgar previsibilidad a la actividad productiva. La oposición, en cambio, advirtió sobre una eventual regresión en derechos y un incremento de conflictos judiciales.

Cruces en el recinto y advertencias legales

El debate estuvo atravesado por fuertes cuestionamientos. Legisladores opositores calificaron el tratamiento como “exprés” y anticiparon planteos de inconstitucionalidad. Desde el oficialismo se respondió con el argumento de la modernización normativa y la necesidad de adecuar el régimen laboral a nuevas realidades económicas.

En este aspecto, gremios nucleados en el Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) se movilizaron en las inmediaciones del Congreso, mientras que la Confederación General del Trabajo (CGT) confirmó que impulsará una estrategia judicial. La central obrera presentará un recurso de amparo para impugnar la ley, evocando el antecedente del DNU 70/2023.

Un escenario abierto

Con la sanción definitiva, el Gobierno cierra las extraordinarias con su mayor logro parlamentario y refuerza su narrativa de reforma estructural. Sin embargo, el conflicto se traslada ahora a otro terreno: el judicial.

El impacto concreto de la nueva legislación —en términos de empleo registrado, dinámica empresarial y conflictividad— comenzará a medirse en los próximos meses. Mientras tanto, la reforma inaugura una etapa de redefinición en el sistema de relaciones laborales argentino, con un oficialismo que celebra y una oposición decidida a dar la batalla en tribunales.