La Justicia frena los sumarios en el Garrahan y expone al Gobierno por “persecución sindical”

El Juzgado Nacional del Trabajo N° 32 ordenó suspender de inmediato los sumarios iniciados contra trabajadores del Hospital Garrahan que participaron de medidas gremiales. El juez Herman Mendel consideró que las actuaciones configuraban un obstáculo a la libertad sindical y cuestionó declaraciones públicas de funcionarios que anticiparon sanciones. Los gremios celebraron la decisión y mantienen el estado de alerta.

La disputa salarial y presupuestaria en el Hospital Garrahan sumó un nuevo episodio decisivo. La Justicia laboral dictó una medida cautelar que suspende los 40 sumarios administrativos promovidos por la conducción del centro de salud contra trabajadores y dirigentes que encabezaron protestas en reclamo de recomposición salarial y mayor financiamiento.

El fallo, firmado por el juez Herman Mendel a cargo del Juzgado Nacional de Primera Instancia del Trabajo N° 32, ordena frenar “de inmediato” las actuaciones impulsadas por el interventor designado por el Gobierno nacional, Mariano Pirozzo, y el Consejo de Administración. Esos expedientes constituían el paso previo al pedido de desafuero y eventual despido de 11 empleados, además de la suspensión de otros 29.

En su resolución, el magistrado sostuvo que la apertura masiva de sumarios en el contexto de un conflicto colectivo configura un “obstáculo” para el ejercicio de la libertad sindical y puede presumirse la existencia de “persecución y hostigamiento”. Además, dispuso que el propio juzgado asumirá el tratamiento de las actuaciones cuestionadas.

Un fallo con fuertes críticas al Ejecutivo

El pronunciamiento judicial no se limitó a un análisis formal de los expedientes. En uno de sus tramos más sensibles, cuestionó declaraciones públicas de funcionarios nacionales que, antes de que concluyeran los procedimientos administrativos, adelantaron sanciones contra los trabajadores.

Según la resolución, tanto el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, como el ministro de Salud, Mario Lugones, realizaron manifestaciones que anticipaban despidos. Para el juez, ese posicionamiento vulnera garantías constitucionales básicas y pone en duda la imparcialidad del proceso disciplinario, al sugerir que las sanciones ya estaban definidas en el plano político antes de agotarse la instancia jurídica.

El fallo también advierte que el accionar de las autoridades del hospital podía operar como un antecedente “orientado a disciplinar a otros trabajadores”, en un escenario de alta conflictividad gremial.

El trasfondo del conflicto

La disputa se enmarca en la larga negociación salarial que atravesó al principal hospital pediátrico del país durante 2025. La Asociación de Profesionales y Técnicos (APyT) y ATE Garrahan encabezaron una huelga que, según los gremios, permitió alcanzar una recomposición del 61% para recuperar parte del poder adquisitivo erosionado por la inflación.

Esa medida de fuerza incluyó la ocupación de oficinas administrativas en un plano de negociaciones fallidas y ausencia de autoridades en reuniones convocadas formalmente. Desde las organizaciones sindicales sostienen que la apertura de sumarios fue una represalia directa por la protesta.

Tras conocerse la cautelar, la APyT celebró la decisión judicial como un “triunfo de la lucha colectiva”. Sin embargo, aclaró que la medida es provisoria y que la batalla legal continúa hasta lograr la anulación definitiva de los expedientes.

En este aspecto, los gremios ratificaron la convocatoria a un nuevo “Abrazo al Garrahan” para el jueves 26 a las 13, con el objetivo de consolidar el respaldo social y enviar una señal política frente a lo que describen como un proceso de ajuste iniciado el 10 de diciembre de 2023, con la asunción presidencial de Javier Milei.

Más allá de los sumarios

El conflicto no se agota en el plano disciplinario. Los sindicatos denuncian además el incumplimiento de la Ley de Emergencia Pediátrica y señalan que cerca de 70 profesionales y técnicos fueron reconvertidos a modalidad de monotributo, sin aguinaldo ni cobertura de riesgos de trabajo.

Para Alejandro Lipcovich, secretario general de ATE en el hospital, esa precarización constituye una forma indirecta de presión laboral que agrava la tensión interna y afecta la estabilidad del plantel sanitario.

El trasfondo revela un debate mayor: cómo compatibilizar la administración presupuestaria en un contexto de ajuste con la preservación de derechos laborales en instituciones estratégicas del sistema público de salud.