Universidades en alerta: docentes, nodocentes y rectores marchan contra la reforma del financiamiento

Docentes, nodocentes, rectores y organizaciones estudiantiles se movilizarán a la Cámara de Diputados para rechazar el proyecto impulsado por el presidente Javier Milei que modifica la Ley de Financiamiento Universitario. El sector denuncia que la propuesta es insuficiente, busca eludir fallos judiciales y consolida lo que califican como la mayor pérdida salarial del sistema en décadas.

El conflicto entre el Gobierno nacional y el sistema universitario escaló a un nuevo punto de tensión. Este martes, un frente que reúne a autoridades académicas, gremios docentes, personal nodocente y centros de estudiantes se concentrará en la Cámara de Diputados para exigir el cumplimiento de la ley vigente de financiamiento y frenar la iniciativa oficial que pretende reemplazarla.

La norma actual fue aprobada por el Congreso el año pasado y ratificada tras un veto presidencial. Sin embargo, su aplicación plena continúa demorada. En ese punto, la presentación de un nuevo proyecto por parte del Ejecutivo —que ingresó por mesa de entradas la semana pasada— encendió las alarmas en el sector, que interpreta la movida como un intento de reformular el esquema presupuestario sin saldar las obligaciones pendientes.

Un proyecto bajo cuestionamiento

El texto oficial propone un mecanismo de actualización condicionado: la recomposición de partidas se activaría únicamente si el índice de inflación anual supera el 14,3 por ciento.

También contempla una asignación específica de 80 mil millones de pesos para hospitales universitarios y un esquema de incrementos salariales escalonados del 4,1 por ciento en marzo, julio y septiembre.

Desde el Consejo Interuniversitario Nacional, que nuclea a los rectores de las universidades públicas, advirtieron que la propuesta “no resuelve el bache presupuestario de 2024” y que cualquier debate debe partir del cumplimiento efectivo de la ley ya sancionada. En el mismo sentido, remarcaron que existe una medida cautelar favorable a las casas de estudio cuya apelación por parte del Gobierno agrega incertidumbre jurídica.

Para los gremios, la discusión excede la técnica presupuestaria. Consideran que el nuevo proyecto dilata la ejecución de la normativa vigente y consolida un esquema de financiamiento por debajo de las necesidades reales del sistema.

Paro y estado de alerta

En el último plenario de la CONADU Histórica se resolvió mantener el “estado de alerta, movilización y sesión permanente”. La federación definió un paro de 48 horas al inicio del tratamiento en comisión del proyecto y acciones de visibilización en todo el país. La decisión apunta a sostener presión política y a evitar que el debate avance sin consenso del sector.

El Frente Sindical de Universidades Nacionales, que integra a distintas organizaciones docentes y nodocentes, también reclamó la reapertura inmediata de la paritaria sectorial.

Desde la Federación de Docentes de las Universidades sostuvieron que los salarios acumulan una caída del 51,4 por ciento desde el inicio de la actual gestión, lo que describen como “la mayor pérdida salarial de la historia” en el ámbito universitario.

El reclamo incluye el pago de deudas acumuladas, la recomposición urgente de ingresos y la convocatoria a negociaciones formales. En este aspecto, se impulsa la realización de asambleas en facultades y escuelas para fortalecer la organización interna y coordinar medidas con otros sectores del movimiento sindical.

Autonomía, presupuesto y conflicto político

La movilización adquiere un significado que trasciende lo estrictamente presupuestario. En juego está la autonomía universitaria y el modelo de financiamiento público de la educación superior. Mientras el oficialismo sostiene la necesidad de ordenar el gasto y establecer criterios de actualización más acotados, la comunidad académica advierte que la restricción de recursos compromete la calidad educativa, la investigación y el funcionamiento cotidiano de las instituciones.

La disputa por la Ley de Financiamiento Universitario devela un conflicto estructural  entre el ajuste fiscal y la sostenibilidad del sistema público de educación superior. El conflicto no se limita a cifras: involucra el alcance de derechos, la estabilidad laboral de miles de trabajadores y la capacidad del Estado para sostener un entramado académico clave para el desarrollo nacional.

En el corto plazo, el debate legislativo marcará el rumbo del financiamiento. En el plano más profundo, la movilización universitaria pone en escena una pregunta central: qué lugar ocupará la educación pública en la arquitectura de prioridades de la Argentina que se está redefiniendo.