La CGT se reúne el miércoles y apuesta a frenar la ley de reforma laboral en la Justicia

En la antesala del debate en el Senado, la conducción cegetista analizará el nuevo escenario político tras la derrota legislativa y anticipa un viraje estratégico: sin nuevas medidas de fuerza en el corto plazo, la central buscará impugnar los artículos que considere inconstitucionales y hacer pagar el costo político a los senadores que respalden la iniciativa oficial.

En estado de alerta frente al inminente tratamiento de la reforma laboral en la Cámara alta, la conducción de la Confederación General del Trabajo convocó para el miércoles a una reunión de su mesa chica que, puertas adentro, ya es leída como definitoria. El encuentro se realizará en la antesala de una semana decisiva en el Congreso, con el debate previsto para el viernes y un oficialismo que, según admiten en el propio sindicalismo, contaría con los votos necesarios para avanzar.

El diagnóstico interno es claro: el escenario político y social no ofrece hoy las condiciones para reeditar un paro general o una movilización masiva. “No hay clima para una nueva medida de fuerza”, deslizaron fuentes gremiales, en alusión a un contexto económico adverso, fatiga social y un mapa sindical que exhibe tensiones internas. La evaluación predominante es evitar un desgaste adicional en la calle y preservar capital político para una batalla de más largo aliento.

Lejos de la confrontación inmediata, la estrategia que gana consenso es trasladar el conflicto al plano judicial. La CGT analiza presentar acciones de inconstitucionalidad si la norma es sancionada, especialmente contra aquellos artículos que, a su entender, podrían restringir el derecho de huelga o alterar garantías básicas del orden laboral. En ese esquema, el foco estará puesto en cuestionar la razonabilidad y proporcionalidad de las eventuales limitaciones, así como en defender estándares constitucionales y convenios internacionales vigentes.

El giro táctico no implica resignación política. En la central obrera anticipan que trabajarán para que los senadores que acompañen el proyecto asuman el costo de su voto. La idea es instalar públicamente la discusión sobre las consecuencias de la reforma en términos de estabilidad laboral, negociación colectiva y conflictividad futura, con la mirada puesta también en el calendario electoral.

La decisión de evitar nuevas medidas de acción directa refleja una lectura pragmática del momento. Tras una serie de derrotas parlamentarias y con un oficialismo que logró ordenar alianzas circunstanciales, la CGT opta por replegarse tácticamente, reducir la exposición y preparar una ofensiva jurídica que podría extenderse en el tiempo. La apuesta es que el Poder Judicial se convierta en el nuevo escenario de disputa, en una pulseada que ya no se librará en la calle sino en los tribunales.

En ese cambio de escenario, la central obrera busca preservar cohesión interna y administrar fuerzas. La reforma laboral, aun antes de su eventual sanción, ya redefinió el tablero sindical: menos épica callejera y más litigio estratégico. Una señal de época que evidencia tanto las limitaciones del presente como la voluntad de sostener la disputa por otros carriles institucionales.