El Ente Provincial Regulador de la Electricidad impuso a Naturgy una sanción de $2.218,52 millones correspondiente al segundo semestre de 2025, tras constatar una frecuencia de interrupciones y una duración acumulada superiores a los límites contractuales, además de desvíos en los niveles de tensión. El monto duplica holgadamente las penalidades aplicadas en la primera mitad del año.

El organismo concluyó que la empresa excedió el umbral de contingencias previsto en el contrato de concesión —esto es, la cantidad máxima de interrupciones toleradas— y también superó el tiempo acumulado permitido para esas contingencias. En términos prácticos, se registraron más cortes de los admitidos y con una extensión mayor a la autorizada, afectando de manera directa a usuarios residenciales, comerciales e industriales.

A esas deficiencias se sumaron apartamientos en los niveles de tensión establecidos contractualmente, tanto en suministros monofásicos como trifásicos, un aspecto técnico que incide en la seguridad de las instalaciones y en la integridad de los equipos eléctricos.

Escalada en las penalidades

La magnitud de la sanción marca un salto significativo respecto del primer semestre de 2025, cuando las multas totalizaron $825 millones. El incremento supera el 50% y configura un endurecimiento en la respuesta regulatoria frente a incumplimientos reiterados.

El contraste interanual también resulta elocuente. En 2024, las penalidades habían alcanzado $1.217 millones en el primer semestre y $1.486 millones en el segundo. El monto correspondiente al cierre de 2025 no solo supera esas cifras, sino que establece un nuevo umbral en materia de sanciones económicas aplicadas a la concesionaria.

Destino de los fondos

De acuerdo con la normativa vigente, las sumas impuestas no permanecen en la órbita administrativa del ente regulador. El esquema prevé su transferencia íntegra a los usuarios, ya sea mediante bonificaciones en las facturas o a través del Fondo de Contención Tarifaria. Este instrumento se orienta a financiar intervenciones en infraestructura, como la modernización del alumbrado público y otras mejoras vinculadas al sistema eléctrico.

Un servicio estratégico bajo exigencia creciente

La reiteración de penalidades millonarias revela un cuadro de desempeño que no logra alinearse con los estándares contractuales. En un contexto en el que la energía constituye un insumo crítico para la actividad económica y la vida cotidiana, la discusión excede la dimensión administrativa y se proyecta sobre la necesidad de inversiones, mantenimiento preventivo y modernización de redes.

La decisión del EPRE envía una señal clara: el margen de tolerancia frente a desvíos en la calidad del servicio se estrecha. El desafío, ahora, será traducir la sanción en mejoras verificables que restituyan previsibilidad y confianza a los usuarios.

Tras una sesión extensa y atravesada por fuertes tensiones políticas y movilizaciones en todo el país, la Cámara de Diputados otorgó media sanción al proyecto de reforma laboral impulsado por el oficialismo. Con 135 votos afirmativos y 115 negativos, el Gobierno consiguió un triunfo clave que podría convertirse en ley la próxima semana, cuando el Senado analice el texto ya modificado.

Durante la votación en particular, el bloque oficialista blindó cada uno de los 26 títulos y 218 artículos del proyecto, lo que consolidó una arquitectura normativa que apunta a modificar pilares históricos del derecho del trabajo argentino. Solo se suprimió el artículo 44, que contemplaba una rebaja salarial en casos de accidentes o enfermedades no laborales.

La media sanción representa un momento decisivo: si el Senado ratifica el texto, el país asistirá al rediseño más profundo del régimen laboral desde el retorno democrático.

Negociación colectiva: descentralización y pérdida de centralidad sindical

Uno de los ejes más sensibles del proyecto es la reconfiguración de la negociación colectiva. La norma establece que los convenios de ámbito mayor no podrán alterar lo pactado en convenios de ámbito menor, lo que habilita acuerdos por empresa con mayor autonomía frente a los convenios sectoriales.

En la práctica, esta descentralización debilita la capacidad de los sindicatos para fijar condiciones homogéneas en cada actividad. Además, se elimina la ultraactividad plena: vencido un convenio, no mantendrá su vigencia integral hasta la firma de uno nuevo, sino solo en lo relativo a condiciones básicas de trabajo.

Para el oficialismo, se trata de una herramienta de modernización que promueve acuerdos “más dinámicos y adaptados a cada realidad productiva”. Para la oposición y las centrales obreras, implica una fragmentación del poder de negociación y un desplazamiento del equilibrio histórico entre capital y trabajo.

Salarios, indemnizaciones y Fondo de Asistencia

El proyecto mantiene la indemnización equivalente a un mes de sueldo por año trabajado, pero excluye de la base de cálculo conceptos no mensuales como el aguinaldo, vacaciones o premios extraordinarios. Este ajuste técnico reduce, en términos efectivos, el monto indemnizatorio.

A la vez, se crea un Fondo de Asistencia Laboral, financiado con aportes empresariales del 1% para grandes compañías y del 2,5% para pymes. A cambio, las empresas accederán a descuentos en contribuciones patronales con destino a la ANSES. El esquema busca previsibilidad en los costos de desvinculación, aunque sus detractores advierten que socializa riesgos y puede tensionar el financiamiento previsional.

La posibilidad de cancelar sentencias judiciales en cuotas —hasta seis en general y doce para pymes— ajustadas por IPC más una tasa anual del 3%, introduce otro cambio relevante en la ejecución de fallos laborales.

Jornada laboral, vacaciones y remuneración

La incorporación del banco de horas permite compensar jornadas extendidas —hasta un máximo de 12 horas diarias con descanso obligatorio equivalente— con reducciones posteriores. El objetivo declarado es flexibilizar la organización productiva sin superar el tope semanal.

En materia de vacaciones, se habilita su fraccionamiento con un mínimo de siete días y se fija el período ordinario entre el 1° de octubre y el 30 de abril, con notificación previa de 45 días.

La norma también habilita el pago en moneda extranjera, ampliando la posibilidad ya existente de remunerar en especie, lo que introduce un nuevo margen contractual en contextos de inestabilidad cambiaria.

Derecho de huelga y actividad sindical

El capítulo sindical concentra algunas de las disposiciones más controvertidas. Se fija un tope del 2% para cuotas solidarias, se limita la realización de asambleas en los establecimientos a la autorización del empleador y se otorgan diez horas mensuales pagas para delegados en ejercicio de funciones.

Además, se amplía la categoría de “servicios esenciales”, con obligación de garantizar el 75% de la prestación durante huelgas, y se incorpora la figura de “servicios trascendentales”, con un mínimo del 50%. Las centrales obreras sostienen que estas cláusulas restringen de hecho el derecho constitucional de huelga.

La eliminación de la responsabilidad solidaria en la contratación de terceros redefine la estructura de subcontrataciones, al establecer que los trabajadores dependerán exclusivamente del empleador registral.

Plataformas, estatutos y justicia laboral

La reforma considera a los repartidores de plataformas como “prestadores independientes”, sin relación de dependencia, aunque obliga a las empresas a contratar seguros y brindar capacitación. Este punto marca un giro en el encuadre jurídico de la economía digital.

El texto también deroga la ley de teletrabajo vigente y prevé la eliminación de estatutos profesionales específicos —entre ellos el del periodista— en el plazo de un año. Asimismo, dispone el traspaso de la Justicia Nacional del Trabajo a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires, una decisión con impacto institucional y administrativo.

Un debate que excede lo jurídico

El oficialismo presenta la reforma como un instrumento para promover empleo formal, atraer inversiones y reducir litigiosidad. Sus críticos la describen como el mayor retroceso en materia de derechos laborales desde 1983.

Más allá de la valoración política, la media sanción marca un cambio de paradigma: el proyecto desplaza el eje protector clásico del derecho laboral hacia un esquema con mayor peso en la negociación individual y empresarial.

La votación en Diputados no solo fue un triunfo aritmético del Gobierno; fue la expresión de una mayoría dispuesta a reconfigurar la matriz laboral argentina. El Senado tendrá ahora la última palabra sobre un texto que redefine la relación entre empleadores, trabajadores y Estado.

Si la Cámara alta ratifica la media sanción, el país ingresará en una etapa inédita en la que el equilibrio entre competitividad y tutela de derechos quedará sometido a una nueva lógica normativa. El alcance real de esa transformación dependerá, en última instancia, de su implementación, de la respuesta del movimiento sindical y del impacto concreto en el mercado de trabajo.

La Cámara de Diputados de San Juan confirmó que el martes 24 a las 9:30 celebrará su primera sesión extraordinaria del año. El temario incluye la aprobación de una adenda para reactivar obras estratégicas en la Ruta 20 y la Ruta 150, un convenio ambiental con Rivadavia y la declaración de interés de competencias internacionales Ironman.

La decisión fue adoptada durante la reunión de la Comisión Permanente realizada el viernes en el edificio Anexo de la Legislatura. El encuentro de Labor Parlamentaria estuvo encabezado por el vicepresidente primero, diputado Enzo Cornejo, y contó con la participación del secretario Legislativo y representantes de los distintos bloques, quienes acordaron incorporar al Orden del Día dos comunicaciones oficiales del Poder Ejecutivo y un proyecto de resolución.

Reactivación de obras en la Ruta 20 y la Ruta 150

El punto neurálgico del debate será el tratamiento sobre tablas de la adenda al convenio suscripto entre la Dirección Nacional de Vialidad y el Ministerio de Infraestructura, Agua y Energía de la Provincia. La modificación contractual apunta a destrabar y reactivar intervenciones consideradas estratégicas para la conectividad y la seguridad vial.

En el departamento Santa Lucía, la obra contempla la intervención en la intersección de la Ruta Nacional 20 y calle Gorriti, un nodo clave para el tránsito metropolitano. En Iglesia, el esquema incluye mejoras en distintos cruces sobre la Ruta Nacional 150: calle Santa Lucía (Municipal), Ruta Provincial 405 (acceso oeste a Rodeo), Ruta Provincial 418 (ingreso a Pismanta) y calle Paoli.

La aprobación legislativa resulta determinante para que la Provincia asuma formalmente la ejecución de los trabajos, luego de que las obras quedaran paralizadas por la interrupción del financiamiento nacional. Con la adenda, el Ejecutivo quedaría habilitado a garantizar la continuidad de los proyectos con recursos locales, en una señal política de decisión frente al freno de partidas federales.

Cabe recordar que a fines de enero el gobernador Marcelo Orrego firmó convenios con el Gobierno nacional para avanzar en infraestructura vial prioritaria. La sesión extraordinaria será, en ese sentido, el paso institucional necesario para convertir esos acuerdos en ejecución concreta.

Gestión de residuos y coordinación con Rivadavia

El temario también incluye el tratamiento del Convenio Específico de Compensación de Prestaciones firmado el 1 de diciembre de 2025 entre el Gobierno provincial —a través de la Secretaría de Estado de Ambiente y Desarrollo Sustentable— y la Municipalidad de Rivadavia.

El acuerdo se enmarca en el Programa Estratégico de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos – Región 1 y apunta a fortalecer la coordinación interjurisdiccional en materia ambiental. La iniciativa busca optimizar la administración de residuos, mejorar estándares sanitarios y consolidar un esquema regional de tratamiento más eficiente y sustentable.

Declaración de interés para el Ironman

En el plano deportivo, los diputados abordarán un proyecto de Resolución presentado por el Interbloque Cambia San Juan para declarar de interés legislativo las competencias Ironman 70.3, Ironman 5150 y Ironman Full Distance.

La propuesta busca destacar el impacto turístico, económico y promocional que estos eventos internacionales generan en la provincia, posicionando a San Juan como sede de competencias de alto rendimiento y proyección global.

Agenda concentrada y tratamiento sobre tablas

Según lo acordado en la reunión preparatoria, los asuntos serán tratados sobre tablas, es decir, sin giro previo a comisión en el recinto. Esa modalidad imprime celeridad al trámite parlamentario y anticipa una sesión enfocada en la aprobación de los instrumentos administrativos necesarios para activar obras y convenios.

Con infraestructura estratégica, coordinación ambiental y promoción deportiva como ejes, la primera sesión extraordinaria del año marcará el pulso inicial de la actividad legislativa 2026, en un entorno donde la gestión de recursos y la continuidad de proyectos adquieren centralidad política e institucional.