Reclaman actualizar el bono previsional y pagar retroactivos a jubilados

Una acción colectiva impulsada por la abogada Nadia García solicita que se actualice el bono previsional de $70.000 —congelado desde marzo de 2024— y que se paguen las diferencias retroactivas. El reclamo sostiene que la falta de ajuste erosionó el poder adquisitivo de jubilados y pensionados y vulnera garantías constitucionales.

Un refuerzo que perdió valor

El bono nació como una medida extraordinaria para reforzar ingresos mínimos. Sin embargo, según argumenta la demanda, su continuidad en el tiempo lo convirtió en un componente estructural del haber mensual. En ese marco, la ausencia de actualización habría desvirtuado el carácter integral de la prestación.

“El congelamiento afecta directamente la garantía de movilidad”, sostiene la presentación judicial, que vincula la falta de ajuste con una merma acumulada del ingreso real de jubilados y pensionados.

El colectivo alcanzado —afirman— está claramente determinado a partir de los propios registros de ANSES, lo que habilita la vía colectiva al tratarse de un impacto homogéneo sobre un universo definido de beneficiarios.

Qué pide la demanda

El escrito solicita tres puntos centrales:
La declaración de inconstitucionalidad de la falta de actualización del bono.
La adecuación del monto conforme índices objetivos de actualización y la corrección administrativa correspondiente.
El pago retroactivo de las diferencias generadas desde el congelamiento.
El eje jurídico se apoya en principios constitucionales como el derecho a una jubilación móvil, la integralidad de las prestaciones y la razonabilidad y proporcionalidad en materia previsional.

Alcance estructural

Desde el estudio interviniente subrayaron que la acción no persigue una solución individual, sino una respuesta estructural que abarque a la totalidad de los beneficiarios alcanzados por el refuerzo.

“La pérdida acumulada del bono no es un problema aislado, sino una situación que compromete el ingreso mínimo de miles de jubilados y pensionados”, señalaron desde la parte actora.

La causa quedó radicada ante la Justicia Federal y ahora se espera el análisis de admisibilidad y el eventual traslado al Estado Nacional, que deberá responder a los argumentos planteados.

El reclamo judicial pone en discusión no solo el monto de un bono específico, sino el alcance de la movilidad previsional en un moemento de alta inflación. Si el refuerzo se consolidó como parte sustancial del ingreso mensual, su congelamiento plantea interrogantes sobre la protección efectiva del haber mínimo. La resolución del expediente podría sentar un precedente relevante en la hostilidad entre políticas de asistencia extraordinaria y derechos previsionales consolidados.