La Casa Rosada presiona a la UTA y La Fraternidad con los sindicatos responden con dureza

A horas del paro general convocado por la Confederación General del Trabajo, el Gobierno nacional intimó a la Unión Tranviarios Automotor y a La Fraternidad a abstenerse de realizar medidas de fuerza por considerar vigente una conciliación obligatoria. Los gremios rechazaron la advertencia, negaron su alcance y calificaron de “ignorantes” a funcionarios de la gestión de Javier Milei.

La antesala del paro general sumó un nuevo capítulo de confrontación institucional. En un comunicado oficial, el Ministerio de Capital Humano informó que, a través de la Secretaría de Trabajo, intimó a la UTA y a La Fraternidad a no llevar adelante acciones directas por entender que rige una conciliación laboral obligatoria “en pleno trámite”.

Según la postura oficial, cualquier medida de fuerza implicaría un incumplimiento de esa instancia administrativa y, por lo tanto, una vulneración de la normativa vigente. El mensaje no fue menor: el transporte es un sector neurálgico en la efectividad de un paro general y su paralización tiene impacto directo en la vida económica y social del país.

Sin embargo, la respuesta sindical fue inmediata y de alto voltaje. Desde La Fraternidad rechazaron la interpretación del Ejecutivo y sostuvieron que la conciliación obligatoria vigente responde exclusivamente a una discusión paritaria, no a la convocatoria al paro general.

“Nosotros no podemos parar por paritarias, pero por otros motivos sí”, explicaron desde el gremio ferroviario, al tiempo que calificaron de “ignorantes” a los funcionarios de la Secretaría de Trabajo y denunciaron un “apriete” político.

La controversia abre un debate jurídico y político de fondo: ¿puede una conciliación dictada en el marco de una negociación salarial limitar la adhesión a una medida de alcance nacional convocada por la central obrera? Para el Gobierno, la respuesta es afirmativa; para los sindicatos, se trata de planos distintos que no se superponen.

La UTA y el argumento económico

Horas antes de la intimación oficial, la UTA había confirmado su adhesión al paro bajo un argumento central: la pérdida sostenida del salario real. El gremio que conduce Roberto Fernández describió un escenario marcado por la caída del poder adquisitivo, el deterioro del empleo y la creciente inestabilidad laboral en el sector.

En su comunicado, la organización sostuvo que los trabajadores “soportan el mayor peso del ajuste económico” y que los ingresos no acompañan el aumento del costo de vida. En ese marco, el paro fue definido como una “medida legítima de defensa colectiva” frente a políticas que —según su interpretación— afectan la dignidad del trabajo y la sustentabilidad de la actividad.

El encuadre discursivo no es casual. La UTA buscó despegar la decisión de cualquier interés sectorial inmediato y la presentó como parte de un reclamo más amplio del mundo laboral. El mensaje apunta a reforzar la legitimidad social de la medida en una circunstancia donde el Gobierno insiste en caracterizar las huelgas como obstáculos para la recuperación económica.

Maturano y la hipótesis del paro por tiempo indeterminado

El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, fue más allá en sus declaraciones públicas. En entrevistas radiales planteó que la reforma laboral podría frenarse si el movimiento sindical avanzara hacia un paro por tiempo indeterminado, trasladando la presión a la dirigencia política.

“Que se arreglen los gobernadores, los políticos, el Presidente. Es problema de ellos”, sostuvo el dirigente, al sugerir que el conflicto excede a los sindicatos y debe ser resuelto en el plano institucional. La afirmación refleja un clima de máxima tensión y deja entrever que, si el proyecto avanza en el Congreso, el escenario gremial podría escalar.

Maturano también describió un cuadro social complejo: salarios que no alcanzan, pagos en cuotas y creciente fragilidad financiera en amplios sectores de trabajadores. Ese diagnóstico conecta con el núcleo del malestar sindical y explica la decisión de acompañar la protesta.

Un conflicto que trasciende lo administrativo

Más allá de la discusión técnica sobre la conciliación obligatoria, el episodio revela una confrontación más amplia entre el Gobierno y el movimiento obrero organizado. La reforma laboral se convirtió en el eje de una disputa que combina argumentos jurídicos, tensiones políticas y un trasfondo económico marcado por la caída del poder adquisitivo.

Para la Casa Rosada, sostener la vigencia de la conciliación es una herramienta para preservar servicios esenciales y desactivar el impacto del paro. Para los gremios, la intimación constituye una maniobra para limitar el derecho a la protesta y debilitar la capacidad de presión sindical.

En el centro del conflicto se encuentra el transporte, un sector estratégico cuyo funcionamiento define en gran medida la contundencia de cualquier medida de fuerza nacional.

La pulseada entre el Ejecutivo y los gremios del transporte anticipa un escenario de alta conflictividad en torno a la reforma laboral. La discusión ya no se limita al contenido del proyecto, sino que se extiende a los márgenes del derecho de huelga y a la capacidad del Gobierno para condicionar la acción sindical mediante herramientas administrativas.

Con el paro general como telón de fondo, el conflicto expone una resistencia estructural: la necesidad oficial de sostener gobernabilidad y agenda reformista frente a un movimiento obrero que percibe una pérdida acelerada de derechos e ingresos. En esa disputa, el transporte se convierte en pieza clave y el desenlace marcará el tono de la relación entre la gestión de Milei y el sindicalismo en los meses por venir.